El responsable del sector de Menores en CCOO Enseñanza de Castilla-La Mancha, Antonio Romero, ha expresado su preocupación ante la decisión del Gobierno regional de recurrir la anulación del concierto social de Menores por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Esta anulación, según Romero, destaca la falta de cumplimiento de las normas legales y directrices europeas en la provisión de este servicio público, que debe ser garantizado de manera adecuada.
Durante una rueda de prensa, tras una reunión con representantes de la Consejería de Bienestar Social, el sindicalista enfatizó que un concierto debe ser «transparente», ya que afecta directamente a la prestación de un servicio que es financiado por los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Asimismo, recordó que desde el ámbito sindical se había advertido sobre la inadecuada ratio de personal en la atención de los menores, señalando que no se garantizaba la presencia de dos educadores para cada usuario.
La resolución del tribunal pone de manifiesto que el concierto social no cumplía con las normativas necesarias para asegurar una competencia pública justa, enfatizando un cálculo de precio por plaza que no se basa en la aplicación de convenios colectivos. La administración, de acuerdo con lo expresado en la reunión, tiene la intención de recurrir la anulación y solicitar cautelarmente que no se aplique la resolución del tribunal.
Romero también señaló que, de acuerdo con un Real Decreto, se requeriría convocar una nueva licitación. Sin embargo, el hecho de que se busque una vía contenciosa podría perpetuar ratios de atención que no aseguran la calidad del servicio, lo que a su vez genera una precariedad en las condiciones laborales de los trabajadores del sector.
El sindicato ha manifestado su intención de llevar esta situación a un ámbito legal, además de convocar acciones con profesionales del sector, considerando que la anulación del concierto social representa una «oportunidad» para redactar nuevas normas que garanticen una atención adecuada a los menores y que aseguren financiación suficiente.
En una reunión previa en julio, la administración había prometido revisar el precio por plaza para permitir mejoras salariales a los trabajadores y cumplir con un convenio colectivo que busca eliminar la discriminación existente entre el salario de quienes trabajan en servicios de protección de menores y aquellos en centros de reforma. La anulación del concierto social ha suscitado temores sobre la posible congelación salarial de estos profesionales.
Finalmente, Romero anunció que se prevén movilizaciones a nivel estatal el 2 de abril en todas las comunidades autónomas, exigiendo mayor seguridad en los puestos de trabajo, especialmente tras el trágico caso de una trabajadora en Badajoz que fue asesinada por sus tutelados.
