Este jueves, los consejeros de Energía de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) han solicitado a la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que se considere la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares. Esta petición surge en el contexto de la reciente aprobación por parte del Congreso de los Diputados de una Proposición No de Ley del PP, que propone alargar la operación de estas instalaciones.
Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, enfatizó que la transición energética en su región debe seguir enfocándose en las energías renovables, sin embargo, subrayó la relevancia de la central de Trillo, que aporta 1.000 MW, un recurso necesario en el presente para alcanzar una mayor autonomía en energías limpias.
Por su parte, Aagesen recordó que el calendario para el cierre de las centrales nucleares fue establecido en un Protocolo firmado en 2019 y que hasta la fecha, las empresas operadoras no han solicitado cambios. Durante la Conferencia Sectorial de Energía, los consejeros del PP argumentaron que no existen razones para considerar inseguras a estas plantas, las cuales consideran vitales para la producción eléctrica y la seguridad del suministro en el país. Apuestan por extender la vida útil de las centrales más allá del calendario actual, que prevé su clausura escalonada entre 2027 y 2035.
La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, criticó lo que considera un enfoque ideológico detrás de la decisión de cerrar las nucleares y recordó que estas instalaciones aportan más del 20% de la electricidad consumida en España. Si se procede con el cierre, advirtió, se tendría que depender de fuentes de energía más contaminantes, como el gas, lo que podría resultar en un aumento de precios de la electricidad y emisiones de CO2. Asimismo, mencionó que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) no ha logrado cumplir sus objetivos de desarrollo de energía renovable y almacenamiento.
Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, propuso que el Gobierno busque un diálogo con las empresas del sector nuclear para evitar cargas económicas que frenen la competitividad en el país. Jorge Paradela, consejero de Industria de Andalucía, también expresó que, en el actual contexto geopolítico, no es prudente cerrar las nucleares.
En respuesta, Aagesen reafirmó que el calendario de cierre se basa en el tiempo de vida útil de las centrales y que el proceso es parte del desarrollo de energías renovables. La ministra también mencionó que los costos relacionados con la gestión de residuos radiactivos, estimados en 20.000 millones de euros, deberían ser asumidos por las empresas y no por los ciudadanos.
Con este panorama, las comunidades gobernadas por el PP insisten en la necesidad de replantear la estrategia energética del país, cuestionando el futuro de la energía nuclear en el contexto de la transición energética.
