Castilla-La Mancha y la Policía Nacional refuerzan su colaboración en materia de inspección y control del juego

Castilla-La Mancha y la Policía Nacional han reforzado su coordinación respecto a la inspección y el control del juego, con la firma de un convenio que tiene por objeto establecer un mecanismo de colaboración en esta materia, mediante su atribución a las unidades de Inspección de Juego, integradas por personal de este Cuerpo, en coordinación con el personal habilitado por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.

El acuerdo ha sido rubricado por el consejero responsable del área, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, y tiene su origen en la creciente diversificación de la actividad de juego y, en consecuencia, en la necesidad de garantizar la protección de los menores de edad, la transparencia en el desarrollo de los juegos y apuestas, la garantía de que no se produzcan fraudes y la prevención del blanqueo de capitales.

En virtud de este convenio, la Dirección General de la Policía, a través del Servicio de Control de Juegos de Azar, integrado por un Servicio Central y grupos periféricos, junto a las funciones policiales propias del Estado, desarrollará, en coordinación con el personal habilitado por la Consejería, todas las funciones de inspección y control de los locales específicos de juego, así como del resto del material destinado al ejercicio de esta actividad.

El ámbito territorial de actuación de los miembros de las mencionadas unidades periféricas será el correspondiente a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Tendrá su sede en cada una de las comisarias provinciales de la Policía Nacional.

Mediante este convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años, renovables por otro cuatro, la Policía Nacional se compromete a que los puestos de trabajo de las unidades de Inspección de Juego estén cubiertos por los funcionarios de este Cuerpo que en cada Comisaría Provincial tengan encomendadas estas funciones, así como a mantener un nivel adecuado de cobertura de estos puestos para garantizar la plena operatividad de las unidades de inspección.

Del mismo modo, se compromete a proporcionar a los miembros del Grupo de Inspección de Juego adecuado acceso al Sistema de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado (SIRDEE). Por su parte, las autoridades regionales prestarán a las unidades periféricas de juego la asistencia y apoyo propios de las relaciones entre las diferentes administraciones públicas.

Toda esta actividad se realizará en coordinación con los propios inspectores de juego de la Comunidad Autónoma.

Cursos de formación y perfeccionamiento

Además, en materia formativa, al Policía Nacional facilitará la participación en las actividades que se desarrollen en este ámbito y la Comunidad Autónoma podrá organizar cursos de formación y de perfeccionamiento para el personal de las unidades periféricas de Inspección de Juego.

Para posibilitar el desarrollo y aplicación del presente convenio, se creará una Comisión Mixta de Seguimiento, Vigilancia y Control, que se reunirá, al menos, una vez al año y que estará integrada por un representante de la Secretaría de Estado de Seguridad, otro de la Dirección General de la Policía y otro de la Delegación de Gobierno en Castilla-La Mancha, de una parte; y por tres representantes de la Comunidad Autónoma, de otra.

Una ley vanguardista que promueve el juego responsable

En la región existen 194 locales de juego de diferente tipo y el pasado 30 de enero entró en vigor la Ley de Régimen Administrativo y Fiscal del Juego, una norma vanguardista que pone el énfasis en la prevención, el fomento del juego responsable, la inspección y control y la compatibilización de la protección de los más vulnerables con el desarrollo de esta actividad económica.

Una Ley promovida por el Gobierno de Emiliano García-Page, que recoge medidas claras y contundentes en este sentido, además de importantes novedades, como la prohibición general de la publicidad en el sector, el desarrollo de los criterios de medición de las distancias mínimas entre locales y centros educativos, y el establecimiento de las condiciones que deben cumplir los sistemas de control de acceso automatizado, mediante el registro biométrico de cara o huella. Todo ello con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía un entorno seguro, garante y responsable.

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