El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en una nueva normativa para regular las zonas consideradas vulnerables a la contaminación por nitratos, de acuerdo con la información proporcionada por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez. Durante una reunión con los medios en Cuenca, Gómez respondió a las críticas del colectivo Pueblos Vivos respecto a la reactivación de macrogranjas en la región, aclarando que no comparte la vinculación entre estas explotaciones y la presencia de nitratos en el medio ambiente.
Según la consejera, los datos del Gobierno indican que la mayor contaminación por nitratos proviene del uso de abonos inorgánicos, que contienen altos niveles de nitrógeno y se aplican de manera inadecuada, en lugar de ser atribuido al uso de purines. Gómez destacó la necesidad de establecer una nueva normativa que permita a los agricultores y ganaderos llevar a cabo buenas prácticas agrarias en las áreas afectadas.
La consejera anticipó que para finales de marzo se espera contar con un nuevo mapa que identifique las zonas vulnerables a los nitratos junto con un decreto que incluya medidas de acompañamiento.
En lo que respecta a la reactivación de macrogranjas, Gómez recordó que 62 expedientes de microgranjas, incluyendo 22 en Cuenca, habían quedado paralizados debido a una moratoria. Con la finalización de esta medida, se ha comenzado a contactar tanto a los ayuntamientos como a los promotores para determinar si desean continuar con sus proyectos, destacando que deberán cumplir nuevos requisitos.
La consejera indicó que están recibiendo respuestas y advirtió que este proceso será «un recorrido a largo plazo». Gómez defendió el trabajo realizado por el Gobierno regional desde la imposición de la moratoria porcina, que ha permitido una evaluación más exhaustiva de las regulaciones ambientales y de los requisitos para estas explotaciones.
Entre los avances mencionados, se encuentra la modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, que otorga a los ayuntamientos el derecho a opinar sobre los expedientes de cualquier tipo y a definir lo que consideran adecuado para su territorio, brindando así mayor transparencia. Gómez subrayó que los informes emitidos por los ayuntamientos son vinculantes, asegurando que si una localidad decide, a través de sus órganos de gobierno, que no se puedan instalar estas explotaciones, el Gobierno no evaluará dichos proyectos.
