El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó la suspensión de autorizaciones para nuevos establecimietnso de juego hasta que sea aprobada la nueva Ley del Juego que está preparando el Ejecutivo regional, en donde se fijan nuevas condiciones para este tipo de autorizaciones.
Así lo adelantó el presidente del Ejecutivo regional en rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación, en el marco de un receso de la reunión del Consejo de Gobierno itinerante que se llevo a cabo en Campo de Criptana. “Echamos el cerrojazo y suspendemos cuatro años la autorización de licencias para establecimientos de juego”, ha dicho García-Page.
La pretensión del Gobierno autonómico es que Castilla-La Mancha llegue a ser la Administración más restrictiva para este tipo de establecimientos. “Estoy dispuesto a retrasar alguna inversión pública antes que incrementar los ingresos por esta vía”, ha dicho el presidente.
El Gobierno regional fue pionero en la toma de decisiones para controlar el crecimiento de los establecimientos de juego, adelantándose a medidas que recién ahora están tomando otras comunidades autónomas.
El objetivo final es proteger a los usuarios, y en especial a aquellos colectivos más sensibles, como menores o personas con problemas de adicción.
En este contexto, el presidente adelantó que durante 2020 está prevista la aprobación de la Ley de Juego de Castilla-La Mancha, con un texto consensuado con todas las partes implicadas.
Plazas públicas de empleo
En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dio luz verde a 2.573 plazas de la Oferta de Empleo Público de las que, según explicó el presidente, 1.800 corresponden a Educación y Sanidad.
Con la OPE de 2019 cierra el I Plan de Impulso a los servicios públicos, que permitió aprobar entre 2015 este año un total de 12.301 plazas de empleo público en la región. “Somos la Comunidad Autónoma con menor número de interinos del país”, ha afirmado el presidente, con la satisfacción de avanzar, además, que del total de las plazas convocadas hay 174 para personas con algún tipo de discapacidad.
De las 2.573 plazas, 2.303 son de nuevo ingreso (89 por ciento) y 271 de promoción interna (11 por ciento). Otras 896 pertenecen a la Administración General, 716 a educación (28 por ciento) y 961 (8 por ciento) al SESCAM (38 por ciento).
