Castilla-La Mancha ha cerrado el año 2023 con un total de 27.294 plazas disponibles en residencias para personas mayores, alcanzando así una relación de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, con un total de 7.072 plazas. Este dato se ha publicado en un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. La región destaca por tener un tamaño medio de residencias que asciende a 78,7 plazas, superior a la media nacional, que se sitúa en 72,9.
En el contexto nacional, la situación es preocupante, ya que el número total de plazas en residencias para personas mayores en España ha caído a 395.065 en el año 2024, lo que supone una disminución de 3.510 plazas respecto al año anterior. Este descenso es notable ya que es la primera vez en una década que se registra una disminución interanual en este ámbito. Desde la pandemia, se ha evidenciado un déficit creciente de plazas residenciales. En los tres años posteriores a la crisis sanitaria, solamente se han incrementado 6.031 plazas, mientras que la población mayor de 65 años ha aumentado en más de 600.000 personas.
El informe estima que serían necesarias unas 89.324 plazas residenciales para cumplir con la ratio de cinco por cada 100 personas mayores de 65 años. Además, se necesitan al menos 35.000 plazas adicionales para atender la demanda actual de personas con Dependencia Severa o Grandes Dependientes. Según datos del IMSERSO, actualmente hay 34.622 personas en lista de espera con Grado II de dependencia y 17.420 con Grado III, además de 65.602 personas pendientes de valoración, sumando un total de 133.376 personas potencialmente necesitadas de atención residencial.
De acuerdo con el estudio, el sector residencial ha sufrido un retroceso en 2023, marcado por la baja ocupación y la reducción de plazas disponibles, alcanzando la ocupación total el 84,1%, con 332.431 personas usuarias. Entre las comunidades con un mayor déficit se encuentran Andalucía y la Comunidad Valenciana, que concentran el 67,9% del total de la falta de plazas.
En cuanto a la financiación de estas plazas, se observa que un alto porcentaje, el 69,6% del total, son de financiación pública, con 275.094 plazas públicas y concertadas, lo que representa un leve aumento desde 2015. Las comunidades que lideran la cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha.
El Ministerio de Derechos Sociales ha planteado una estrategia de desinstitucionalización en colaboración con las comunidades autónomas para fomentar que las personas en situación de dependencia permanezcan en sus hogares, lo que podría ayudar a reducir la necesidad de plazas residenciales. Sin embargo, desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se lamenta la falta de avances significativos en estas políticas y la escasa mejora en los servicios de atención domiciliaria desde la pandemia.
Por lo tanto, se enfatiza la necesidad de adoptar medidas efectivas que no solo aborden la creación de nuevas plazas, sino que también aseguren una atención adecuada y un enfoque en la proximidad de los servicios a los usuarios y sus familias. La sociedad demanda que las residencias funcionen como auténticos servicios de proximidad y se desarrollen de manera planeada para responder a las necesidades de los ciudadanos.
