La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha alertado sobre la inminente disminución de las cantidades destinadas a la financiación de la dependencia en nueve comunidades autónomas (CCAA) durante la distribución de los 783 millones de euros del Nivel Acordado para el año 2025. Las comunidades afectadas son Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid y Región de Murcia.
Además, la asociación ha destacado que el Gobierno central ha reducido al 27,1% su porcentaje de financiación del Sistema de la Dependencia para 2024, representando una disminución de 1,5 puntos porcentuales. En términos absolutos, el Gobierno destinará un total de 3.478 millones de euros a este sistema, lo que implica un incremento del 5,6% con respecto al año anterior, según datos oficiales proporcionados por la asociación.
En el contexto actual, las comunidades autónomas han contribuido, en media, con el 72,9% del financiamiento del sistema de dependencia, sumando un total de 9.365 millones de euros, lo que representa un aumento del 13,8% comparado con 2023. La asociación ha reiterado que lo ideal sería alcanzar una financiación equitativa al 50% entre las CCAA y la Administración General del Estado (AGE).
Las cifras revelan que las comunidades que menos porcentaje han aportado a la financiación de la dependencia son: La Rioja, con un 61,4%; Castilla y León, con un 63,2%; y Andalucía y Galicia, ambas con un 65,1%. Por otro lado, las que más aportan al sistema son el País Vasco, con un 84%; Navarra, con un 81%; y Baleares, con un 80,6%.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha señalado un cambio en la tendencia respecto al porcentaje de financiación proveniente de las CCAA frente a la AGE. Desde 2012 hasta 2020, la financiación autonómica mostró una tendencia creciente, la cual se interrumpió en 2021 debido a la mayor aportación de la AGE a través del plan de choque. Desde entonces, el peso de las CCAA en la financiación ha caído un 13% entre 2020 y 2023, a medida que la AGE reforzó su contribución.
Sin embargo, para 2024 se prevé un aumento en el porcentaje autonómico, rompiendo una tendencia que se había mantenido durante cuatro años. La AGE incrementó su gasto en dependencia en 185 millones de euros, cumpliendo con su obligación de garantizar el nivel mínimo de financiación tras el aumento de beneficiarios, aunque este aumento no se tradujo en un compromiso político debido a la falta de un incremento presupuestario específico para la dependencia.
El gasto anual medio por persona beneficiaria ha sido de 8.592 euros, con una aportación de 2.327 euros del nivel mínimo de protección por parte de la AGE y 6.267 euros de las comunidades autónomas. El País Vasco ha liderado en términos de gasto, destinando 13.554 euros anuales por persona beneficiaria, casi el doble que Andalucía, que invirtió únicamente 7.173 euros anuales.
