El vicepresidente primero del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha subrayado la importancia de que el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas incluya el ‘Rural Proofing’ o mecanismo rural. Este planteamiento consiste en que “tiene que financiar el coste efectivo de los servicios en todos y cada uno de los territorios”. Martínez Guijarro ha hecho estas declaraciones durante su intervención en la mesa de diálogo sobre el peso del ‘mecanismo rural de garantía’ en la legislación nacional, celebrada en el Congreso de los Diputados y organizada por el colectivo ‘El Hueco’.
Durante su intervención, enfatizó que la financiación es crucial en la lucha contra la despoblación, ya que el mantenimiento de los servicios públicos requiere un esfuerzo presupuestario adicional. Este esfuerzo no puede recaer sobre la población local o las administraciones más cercanas a las zonas afectadas. En este contexto, el vicepresidente ha destacado las iniciativas que está llevando a cabo Castilla-La Mancha para hacer frente a la despoblación.
Desde el año 2022, la región ha implementado un informe de impacto demográfico en toda normativa, leyes, planes y programas que se elabora, con el fin de identificar y valorar los efectos de estas normas en zonas de baja densidad poblacional. En total, se han elaborado 81 informes de este tipo, y se han incluido dos memorias de impacto demográfico en los presupuestos regionales de 2023 y 2024, las cuales compilan las partidas destinadas específicamente a las áreas afectadas por la despoblación.
Estas acciones se enmarcan dentro de la Ley de medidas contra la despoblación, que está en vigor desde 2021 y que se considera pionera a nivel nacional. Sin embargo, Martínez Guijarro ha manifestado la intención de ir más allá de estas medidas. Ha anunciado que se llevará a cabo un análisis de la ejecución de los presupuestos de 2023 con el objetivo de evaluar cómo se han implementado las partidas asignadas en la Memoria de Impacto Demográfico.
