El Gobierno de Castilla-La Mancha ha instado urgentemente a la apertura de la consulta pública necesaria para modificar las reglas del trasvase Tajo-Segura, según afirmaciones de Esther Padilla, consejera portavoz de la región. La finalidad, según Padilla, es establecer el periodo para presentar alegaciones y agilizar el proceso de cambio normativo para que este llegue al Consejo de Ministros a la mayor brevedad.
Padilla subrayó que es el momento oportuno para corregir lo que ha descrito como «una herida profunda» infligida por el trasvase Tajo-Segura a Castilla-La Mancha durante más de cuatro décadas. Además, la portavoz ha remarcado la importancia de actuar rápidamente, ya que cualquier retraso continúa dañando los intereses de la región.
Haciendo énfasis en la necesidad de actuar con presteza, Padilla reveló que ya hace más de una semana que el Ejecutivo de Emiliano García-Page presentó el informe necesario para la apertura inmediata de la consulta pública por parte del Ministerio. Sin embargo, subrayó que sin la aceleración en estos trámites, la documentación requerida jamás llegará al Consejo Nacional del Agua, lo cual es requisito previo para la modificación de las normas de explotación del trasvase.
Como solución a la problemática existente, Padilla sugiere la desalación como alternativa al uso del trasvase. Explicó que al operar al 100% las plantas desaladoras en la región del Levante, la necesidad de agua procedente del trasvase quedaría eliminada. La consejera expresó su desconcierto frente a la inacción actual respecto a la utilización plena de las desaladoras, cuestionando las razones detrás de esta elección. La finalización de su declaración pone de manifiesto la determinación del gobierno castellano-manchego en buscar soluciones sostenibles al uso compartido de los recursos hídricos.