En una sesión celebrada este jueves, el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha dado su visto bueno, con el respaldo del PSOE y la abstención de PP y Vox, a una resolución impulsada por los socialistas que busca agilizar la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas. La propuesta insta al Gobierno de Castilla-La Mancha a presionar al Ejecutivo español para que reanude los trabajos de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, con el objetivo de discutir y dar luz verde a las enmiendas presentadas en el Proyecto de Ley de Medidas Integrales que fue registrado por el PSOE el 2 de octubre de 2020 y sancionado el 17 de diciembre del mismo año.
La resolución aprobada se centra en apostar por un refuerzo de las diligencias y medidas cautelares y permitiría el desalojo inmediato de las propiedades ocupadas. Este ha sido el único texto que ha prosperado tras el debate planteado por Vox sobre cómo asegurar la protección de las viviendas frente a la ocupación en la región manchega, ya que las propuestas de Vox y del PP fueron rechazadas.
El debate ha estado marcado por la crítica al Gobierno regional y nacional por parte del diputado de Vox, David Moreno, quien lamentó lo que considera una inacción frente al fenómeno de la ocupación y retó a la administración a ser más proactiva, recordando que Castilla-La Mancha cuenta con representación en el Congreso de los Diputados. Por su parte, Itziar Asenjo del PP indicó que la ocupación ha crecido por lo que ve como una actitud permisiva de las autoridades, y cuestionó la efectividad de las medidas previamente presentadas.
Marisa Sánchez, diputada del PSOE, defendió la posición de su gobierno, insistiendo en que se ha debatido ampliamente sobre el tema y se han tomado medidas, a pesar de las limitaciones competenciales de la comunidad autónoma. Además, reprochó a Vox sus críticas y les acusó de ocupar escaños en regiones a las que no brindan el mismo nivel de exigencia.
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, afirmó que Castilla-La Mancha ha sido la única comunidad que no ha mirado hacia otro lado, y ha propuesto medidas para abordar la situación de forma propositiva.
La proposición rechazada de Vox solicitaba al Gobierno central medidas para endurecer las penas por delito de usurpación y dar más herramientas a las fuerzas de seguridad para desalojar inmuebles ocupados, así como la creación de recursos de apoyo para las víctimas de ocupaciones ilegales. El PP, por otro lado, planteó en su texto no aprobado modificar leyes para permitir desalojos en plazos más breves y asistencia a las víctimas de ocupación ilegal, junto con medidas fiscales y de apoyo económico y social.
El debate concluyó con una clara división entre la posición que ha mantenido el PSOE y la oposición representada por Vox y el PP, si bien el texto socialista fue el que finalmente obtuvo el visto bueno del pleno.
