El director general de Universidades, Investigación e Innovación, José Antonio Castro, ha estado presente esta semana en la creación de una mesa de trabajo en Madrid, cuyo objetivo es impulsar políticas públicas que aseguren que el uno por ciento del PIB nacional se destine a la financiación de las universidades públicas. Esta iniciativa, enmarcada en un esfuerzo por mejorar el sistema educativo del país, se articula a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y contará con la participación de representantes de todas las comunidades autónomas y de la Conferencia de Rectores y Rectoras de la Universidad Española (CRUE).
La nueva Comisión, que presentará sus propuestas a la Conferencia Sectorial de Política Universitaria, tiene como fin debatir un conjunto de iniciativas sobre el modelo de financiación pública de las universidades. Se enfocará en establecer principios, mecanismos e instrumentos que guíen este proceso, además de fijar plazos concretos para alcanzar el objetivo de financiación estipulado por la normativa orgánica.
José Antonio Castro ha destacado la importancia de la presencia de Castilla-La Mancha en esta comisión y ha resaltado los esfuerzos realizados por su gobierno para incrementar la financiación pública destinada a las universidades en cada ejercicio presupuestario. Según sus declaraciones, se han logrado avances mediante contratos programas con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), así como a través de políticas públicas que garantizan una financiación suficiente, que en el presente ejercicio supera los 246 millones de euros.
El director general también ha compartido detalles sobre la nueva Ley de Universidades de Castilla-La Mancha, que se encuentra en proceso de elaboración. Esta ley promoverá la autonomía de las instituciones universitarias, permitiendo una gestión más flexible y eficiente. Entre las novedades, se incluye la posibilidad de operar bajo modelos plurianuales de financiación, lo que facilitará una planificación a largo plazo y mejorará la rendición de cuentas.
El establecimiento de esta mesa y el avance hacia una financiación más robusta de las universidades indican un compromiso serio por parte de las administraciones para asegurar un futuro educativo más sólido en España. Con estas medidas, se espera que las universidades puedan seguir desempeñando su rol crucial en el desarrollo académico, social y económico del país.
