Madrid, 17 de julio de 2025.- Castilla-La Mancha ha reiterado su disposición a colaborar en la acogida de menores migrantes no acompañados provenientes de Canarias y Ceuta, aunque rechaza el modelo ‘low cost’ propuesto por el Gobierno de España. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, expresó su preocupación sobre cómo este enfoque podría poner en peligro la calidad del sistema de protección de la región y no garantizar el cuidado adecuado para estos niños.
La consejera se pronunció después de la cancelación de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que no pudo llevarse a cabo debido a la falta de quórum, particularmente por la ausencia de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. García Torijano lamentó que no se realizara esta conferencia, crucial para abordar una emergencia que requiere coordinación, diálogo y recursos.
A pesar de la suspensión, se comunicaron los próximos pasos del Gobierno, que incluyen la aprobación del Real Decreto Ley el 26 de agosto y su inmediata aplicación. Castilla-La Mancha ya presentó un recurso de inconstitucionalidad contra dicho decreto por no haber sido consensuado con las comunidades.
Un recorte en la financiación ha generado gran preocupación. Según los documentos del Ministerio, a Castilla-La Mancha se le asignarían 320 menores, con una financiación de cuatro millones de euros, equivalentes a unos 35,75 euros por plaza al día. Esto contrasta dramáticamente con el modelo anterior, que se financiaba a 145 euros por plaza. García Torijano denunció que esta reducción del 80% hace inviable abrir nuevos recursos para atender a estos menores adecuadamente. La consejera destacó que la atención a los casi 4.000 menores que se desean reubicar requiere alrededor de 250 millones de euros, aunque solo se han destinado 100 millones.
La consejera subrayó que Castilla-La Mancha está dispuesta a ayudar, pero no a costa de debilitar un sistema de protección ya sobrecargado, que tiene un 98% de ocupación en sus 560 plazas. La región presentó en febrero una propuesta para participar en la acogida de menores, que no recibió respuesta del Ministerio.
Además, García Torijano advirtió de la desigualdad en la financiación entre menores migrantes gestionados por asilo y aquellos derivados a las comunidades autónomas, enfatizando que todos los niños merecen los mismos cuidados.
La consejera también defendió el modelo de atención de Castilla-La Mancha, que se basa en pequeñas unidades de convivencia —máximo 10 plazas— y que prioriza una atención personalizada y de calidad, alineada con las recomendaciones internacionales y el nuevo enfoque promovido por el Gobierno. Afirmó que, aunque este modelo requiere mayor inversión, también garantiza dignidad y mejores resultados, por lo que no se renunciará a él.
