El Consejo de Gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto ante el trágico suceso ocurrido el pasado 28 de diciembre de 2022 en Escalona (Toledo). En concreto, ha autorizado al gabinete jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a ejercer la acción popular en el caso del asesinato por violencia de género de Elena, una mujer de 33 años embarazada, quien presuntamente fue asesinada por su expareja.
Esta decisión se basa en el artículo 35 de la Ley 4/18 de Castilla-La Mancha para una Sociedad Libre de Violencia de Género, que instruye a la Junta a personarse en procedimientos penales por delitos de violencia de género, especialmente en casos de homicidio, asesinato o cuando las circunstancias así lo aconsejen.
La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, en una rueda de prensa, manifestó que la ley recoge el compromiso y la voluntad política de apoyar a las víctimas y sus familias, asegurando que la presencia del Gobierno regional en los procesos judiciales no es una opción, sino una obligación legal.
Desde la instauración de la ley, el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, ha ejercido la personación en 46 casos relacionados con violencia de género, 40 de los cuales fueron por muerte de la víctima y 6 por lesiones graves. Padilla hizo hincapié en la constante batalla del Gobierno contra la violencia machista y contra aquellos que intentan minimizar, justificar o negar su existencia, lo cual no solo daña a las víctimas sino que además empodera a los agresores.
Para 2024, el Gobierno regional tiene prevista una asignación de 27 millones de euros destinados a la lucha contra la violencia de género, que se canalizarán a través de centros y entidades involucradas en erradicar esta problemática.
Padilla concluyó subrayando que la violencia machista no es un asunto menor o anecdótico, ni se circunscribe al ámbito doméstico, sino que constituye un problema social estructural que demanda la intervención decidida de los responsables públicos. La política subrayó la obligación moral y política del Gobierno de estar del lado de las víctimas y sus familias para enfrentar esta lacra social.
