El año 2024 ha finalizado con un saldo trágico de once personas fallecidas, de las cuales diez eran cazadores, como resultado de disparos accidentales durante la actividad cinegética. Este número se complementa con 19 personas heridas, según el reciente informe elaborado por Colectivos contra la Caza.
Es importante señalar que este balance no contabiliza las muertes o lesiones ocasionadas por armas de caza en contextos no relacionados con la caza, como delitos violentos, actos de violencia de género o accidentes de tráfico causados por animales que se escapan o son utilizados en batidas de caza.
En el desglose por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha se posiciona como la región más afectada, registrando cuatro muertes y tres heridos, seguida de Andalucía, donde se produjeron tres muertes y un herido. Las fatalidades de este año incluyen a tres personas fallecidas en Andalucía (provenientes de Granada, Jaén y Córdoba); una en Asturias (Cabrales); cuatro en Castilla-La Mancha (dos en Toledo y dos en Ciudad Real); una en Castilla y León (Burgos); una en Extremadura (Badajoz); y una en Madrid (Guadalix de la Sierra).
Colectivos contra la Caza ha resaltado que, en comparación con el año anterior, ha habido una disminución significativa en el número de personas heridas que no estaban involucradas en la actividad cinegética. Sin embargo, han alertado sobre un aumento en los ataques a personas por parte de perros de caza. A su vez, la organización ha criticado la falta de datos y estudios oficiales sobre incidentes relacionados con la caza, así como la falta de rigor en la información que proporciona el Gobierno.
Ante esta situación, Colectivos contra la Caza ha hecho un llamado urgente al Gobierno y, en particular, al Ministerio del Interior, instando a que se tomen medidas para garantizar la seguridad de los 47 millones de españoles que disfrutan de la naturaleza. La organización busca que estos ciudadanos no tengan que temer por sus vidas ante la posibilidad de ser alcanzados por un disparo o atacados por perros de caza.
Las medidas solicitadas incluyen la realización de estudios y estadística sobre accidentes provocados por cazadores; la inclusión de accidentes de tráfico provocados por animales durante y después de las jornadas cinegéticas como responsabilidad de los cazadores; controles de alcoholemia y sustancias en cotos de caza; exámenes psicotécnicos más rigurosos; limitaciones de edad para el ejercicio de la caza a menores de edad y mayores de 70 años; así como la prohibición de instrucción sobre el uso de armas de fuego a menores.
