El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado hoy el Día de la Justicia Social haciendo énfasis en la planificación anticipada y la estabilidad financiera que caracterizan la preparación de la comunidad para el ejercicio 2026. Este anuncio se realizó durante la reunión del Consejo Asesor de los Servicios Sociales, un órgano de vital importancia para la participación en el sistema público de la región.
Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social y presidenta del consejo, destacó la relevancia de las subvenciones que están en conjunto con el Tercer Sector. Estas subvenciones permitirán implementar políticas sociales de manera efectiva y a tiempo, asegurando una respuesta adecuada a las necesidades de los ciudadanos. Según García Torijano, casi todas las convocatorias para 2026 se resolverán antes de finalizar 2025, garantizando previsibilidad y seguridad financiera, lo que permitirá una continuidad en la prestación de servicios a lo largo del territorio.
En este encuentro también se abordó la resolución de la convocatoria ‘SEPAP-MejoraT’. Este programa, que ha superado las 6,330 plazas en la red pública, ha incorporado cerca de 800 nuevas plazas y apertura de diez nuevos recursos, con una inversión que supera los 7,3 millones de euros. Este esfuerzo marca un hito en la cobertura de servicios en Castilla-La Mancha, llegando a un total de casi 400 territorios.
La consejera recordó la importante participación del Tercer Sector en la elaboración del Estatuto de Autonomía de la región. Subrayó la necesidad de respetar y preservar el trabajo conjunto realizado por las entidades sociales y el Gobierno, siendo crucial para garantizar la protección de los derechos sociales y su financiación. García Torijano indicó que, a pesar de las dificultades que enfrentan otras comunidades autónomas debido a presupuestos prorrogados, Castilla-La Mancha se beneficia de una estabilidad política que permite continuar con el reforzamiento del estado del bienestar.
La reunión del consejo también contó con la presencia de viceconsejeros, directores generales y representantes de diversas entidades sociales y corporaciones locales, enfatizando el compromiso del Gobierno de prestar atención y recursos a sectores esenciales para la sociedad. Este enfoque proactivo y planificado es un claro reflejo de la dirección que el Gobierno de Castilla-La Mancha desea seguir en el ámbito de los servicios sociales para los próximos años.
