El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado una importante decisión al aprobar una inversión de dos millones de euros destinada al control del tratamiento en 430 estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas en la región, un proyecto que se extenderá hasta el año 2027. La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha destacado en una rueda de prensa la relevancia de esta medida, subrayando el compromiso del Ejecutivo con la salud pública, el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.
Esta inversión permitirá realizar más de 8.000 analíticas y 260 visitas de inspección en los próximos dos años, lo que garantizará el cumplimiento de la normativa europea y la protección del entorno natural. Padilla ha explicado que el objetivo es verificar que el agua tratada que regresa a los ríos y entornos naturales lo haga en condiciones óptimas, enfatizando la importancia de una gestión eficiente de las depuradoras para detectar contaminantes a tiempo y eliminar patógenos que puedan representar un riesgo para la salud.
La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha desempeñará un papel crucial al asegurar la obtención de datos sobre el estado y funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas, lo que permitirá tomar decisiones informadas sobre futuras inversiones y la optimización del sistema de depuración de aguas residuales urbanas.
La portavoz ha calificado estas medidas como parte de un “histórico” Plan de Depuración de Castilla-La Mancha, que fue aprobado por el Ejecutivo regional con un horizonte hasta 2032 y que contempla una inversión global de más de 91 millones de euros en infraestructuras hidráulicas hasta 2027. Según Padilla, esto será altamente beneficioso para los ayuntamientos, ayudándolos a cumplir con la normativa europea.
En 2025, se prevé la finalización de la construcción de 15 nuevas depuradoras, con una inversión de 45 millones de euros, marcando así un hito en la inversión en depuración en la región. Esther Padilla ha subrayado que tras un periodo de parálisis entre 2011 y 2015, cuando se detuvieron 157 proyectos, el Gobierno de García-Page ha logrado recuperar el tiempo perdido, construyendo un total de 61 depuradoras durante su mandato, y proyectando superar las 70 al finalizar la legislatura.
En resumen, la portavoz ha presentado esta iniciativa como parte de una hoja de ruta destinada a fortalecer la confianza de los ciudadanos en la gestión del agua, subrayando que «el agua es vida, es presente y futuro». Con este esfuerzo, el Ejecutivo castellanomanchego reitera su compromiso de proteger el entorno natural y garantizar un recurso fundamental para la ciudadanía. Actualmente, la Junta gestiona 240 de las 460 estaciones depuradoras de aguas residuales de la región, que brindan servicio a más de medio millón de habitantes en 255 municipios.
