Toledo, 10 de junio de 2025.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025, que impone un sistema obligatorio de reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas, sin prever financiación para acoger a 500 menores adicionales.
La consejera portavoz, Esther Padilla, anunció esta decisión en rueda de prensa, señalando que se trata de una medida respaldada por un informe favorable del Consejo Consultivo. Este informe considera que la normativa se aprobó «de manera unilateral», vulnerando la lealtad entre administraciones e invadiendo competencias autonómicas en la protección de menores.
“Este decreto, aprobado sin diálogo y sin compensación económica, pone en grave riesgo la garantía del interés superior de los menores”, subrayó Padilla, enfatizando que para garantizar ese interés “hacen falta medios y recursos adecuados”.
Garantizar una atención digna
Padilla recalcó que el Ejecutivo de García-Page comparte el principio de solidaridad en materia de infancia, pero rechazó la posibilidad de alterar la atención digna a los menores, señalando que esta normativa dificulta su trabajo. “Atender a 500 niños implica un coste de 26,6 millones de euros anuales solo para la Consejería de Bienestar Social”, aclaró.
Este costo incluye la necesidad de centros adecuados y personal cualificado, como trabajadores sociales y psicólogos. Sin embargo, “el Gobierno central no nos da ni un euro”, afirmó la consejera.
Extralimitación de las funciones del Estado
El informe del Consejo Consultivo señala una “grave vulneración” del principio de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas. Además, se menciona que no se respetó el régimen de toma de decisiones de la Conferencia Sectorial. “Este decreto extralimita las funciones del Estado”, añadió Padilla, quien cuestionó el uso de un decreto-ley para regular derechos fundamentales que deberían abordarse mediante ley orgánica.
La consejera advirtió que el decreto “no garantiza la igualdad en la atención”, trasladando una competencia de la Unión Europea y España a las comunidades autónomas sin ofrecer soluciones reales. “Si se imponen 500 menores más sin financiación, ¿a quién dejamos de atender?”, se preguntó, manifestando su preocupación por la posible normalización de discursos de odio.
Finalmente, Padilla dejó claro que el recurso se presenta por responsabilidad: “No recurrimos por falta de voluntad, sino porque hacerlo mal sería una falta de respeto hacia esos menores. Si se ofreciera la financiación necesaria, la situación sería diferente”.
