El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reconocido públicamente estar incumpliendo los plazos en la aplicación de la Ley de Eutanasia, aceptando la necesidad de agilizar los procedimientos en la medida de lo posible. En una rueda de prensa en Toledo, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, respondió a las críticas elevadas por la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) acerca de la demora que sufren los pacientes al solicitar la eutanasia, afirmando que el objetivo es reducir al mínimo el tiempo de espera.
El titular de Sanidad destacó que, efectivamente, la implementación de la ley en la comunidad está ligeramente por debajo de la media nacional y subrayó el deber de todas las comunidades de acelerar estos plazos. Fernández argumentó que, a veces, los tiempos de respuesta no son adecuados considerando la brevedad de los procesos de enfermedad a los que se enfrentan los solicitantes.
Con respecto a otro de los puntos cuestionados por DMD, acerca de la falta de transparencia en la publicación de informes sobre la aplicación de la eutanasia, Fernández aclaró que, aunque las comunidades autónomas no tienen la obligación de difundir el número de procedimientos efectuados, sí lo hacen en una plataforma gubernamental para que el Ministerio correspondiente ofrezca estadísticas detalladas a nivel nacional. Justificó la falta de datos publicados sugiriendo que quizás el Ministerio aún está recabando la información necesaria para emitir un reporte integral.
En 2023, Castilla-La Mancha recibió 58 peticiones de eutanasia, de las cuales 17 se ejecutaron efectivamente. El consejero quiso resaltar que, a diferencia de lo acontecido con la práctica del aborto, en Castilla-La Mancha no se está enfrentando a la objeción de conciencia por parte de los médicos en cuanto a la práctica de la eutanasia. También especificó las razones de la diferencia entre las solicitudes y las intervenciones realizadas, indicando que algunas se deben a la muerte de los pacientes antes de finalizar el proceso, la evaluación médica que determina la inadecuación del procedimiento o la retractación de los pacientes en el momento de llevarse a cabo la eutanasia.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, así, expone su compromiso por mejorar la atención y el acceso a este derecho garantizado por ley, reconociendo la necesidad de ajustar los procedimientos a las circunstancias excepcionales que entraña la solicitud de la eutanasia.
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