El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta un significativo proyecto de ley dirigido a reformar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, así como la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. En este marco, se ha autorizado un reparto de 783,2 millones de euros entre los gobiernos autonómicos con el objetivo de financiar el nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
La propuesta, presentada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, destinará específicamente 40.189.491 euros a Castilla-La Mancha para apoyar el sistema de dependencia. Con esta decisión, se inicia la tramitación parlamentaria de la reforma, que deberá ser aprobada por el Congreso de los Diputados. El ministro Pablo Bustinduy ha destacado que se trata de «la reforma de mayor calado de esta legislatura», instando a los parlamentarios a respaldarla por unanimidad, enfatizando que un voto en contra sería en detrimento de 4,2 millones de compatriotas con discapacidad y 1,6 millones de personas en situación de dependencia.
Entre las modificaciones clave introducidas en esta segunda vuelta destaca el reconocimiento automático del 33% de discapacidad para quienes obtengan un grado I de Dependencia y la creación de una pasarela para que las personas con grado II o III puedan recibir el 65% de discapacidad. La reforma también incluye la obligación de garantizar la accesibilidad en el patrimonio cultural y histórico, así como la eliminación de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia y el plazo suspensivo de dos años en prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.
Otro aspecto destacado es la ampliación del servicio de ayuda en el domicilio, que permitirá a los cuidadores acompañar a las personas en actividades fuera del hogar, como citas médicas o compras. Además, se reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia, asegurando que no sea la única prestación disponible, sino que deba combinarse con otros apoyos. Nuevos servicios en el catálogo incluyen cuidados en viviendas compartidas, préstamo de productos de apoyo y asistencia personal.
La reforma también establece derechos adicionales para los usuarios, como el derecho a decidir sobre las prestaciones y servicios que reciban, así como a ser atendidos sin sujeciones físicas, mecánicas o farmacológicas. En caso de fallecimiento de la persona en situación de dependencia, se continuará el abono de la prestación económica para cuidados hasta el último día del mes en que se produzca el deceso, reconociendo el esfuerzo de los cuidadores.
Para asegurar la calidad de la atención, se prevé que los trabajadores del sector cuenten con condiciones laborales dignas y se estima que para 2030 se necesitarán al menos 260.000 trabajadores adicionales en el Sistema de la Dependencia. Se introducen también procedimientos para agilizar la revisión del Programa Individual de Atención y se establece un procedimiento de urgencia para personas en situación de especial vulnerabilidad.
En el ámbito de la discapacidad, el proyecto desarrolla el nuevo Artículo 49 de la Constitución Española, promoviendo la accesibilidad universal y anticipando la creación de un Programa Estatal que financie intervenciones necesarias para garantizarla, como la instalación de rampas o tecnologías de apoyo. Asimismo, se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar ayudas económicas para obras de accesibilidad en edificios y se asegura que las Juntas Arbitrales de Consumo trabajen para mejorar el acceso universal a los servicios públicos.
