Castilla-La Mancha ha sido asignada con un total de 123.475.931 euros para políticas activas de empleo, según se ha acordado en la reciente Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Este evento marcó la distribución de los fondos, que suman un total de 2.571,9 millones de euros para el impulso de políticas laborales en diversas comunidades autónomas.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha expresado su satisfacción por este acuerdo, señalando que un 55% del total de los fondos, es decir, aproximadamente 67-68 millones de euros, será destinado a políticas activas de empleo en su sentido más estricto. Además, Franco subrayó la importancia de la formación profesional, un área en la que el Gobierno regional ha estado trabajando arduamente.
«Más de 124 millones de euros que nos van a permitir emplearlos en las personas, especialmente en aquellas que tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral», indicó la consejera. Destacó también la reciente aprobación de la Estrategia Española de Políticas Activas de Empleo y el Plan de Empleo Digno 2025, que abordan situaciones de desempleo de larga duración y que serán objeto de atención continua.
En cuanto a la distribución de los fondos, Andalucía y Cataluña se posicionan como las comunidades con mayores asignaciones, alcanzando 417,9 millones y 414,2 millones de euros, respectivamente. La Comunidad de Madrid, Valencia y Galicia siguen en la lista con importes de 344,6 millones, 243,3 millones y 195,4 millones, respectivamente.
Estos fondos permitirán a cada comunidad autónoma gestionar programas de empleo y formación de acuerdo con lo estipulado en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Además, se establece un marco de financiación plurianual hasta 2029, el cual busca proporcionar estabilidad a las políticas activas de empleo.
Para garantizar un uso efectivo de los recursos, el 70% del importe asignado se distribuirá en función de criterios establecidos en la legislación de empleo. En 2024, el programa incluirá 3.000 personas para mejorar los servicios de orientación y prospección laboral, junto a subvenciones para financiar la formación en materias relacionadas con el diálogo social.
El 28,91% de los fondos restantes se repartirá en 2025 en base al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno (PAFED) de 2024, tomando en cuenta diversos indicadores de impacto en la empleabilidad y calidad de los servicios ofrecidos.
Además, se destinará un 20% de los fondos de 2024 a mejorar las atenciones que hayan demostrado mayor eficacia en la empleabilidad. La distribución contempla partidas específicas para servicios de políticas activas de empleo, formación profesional y modernización de los Servicios Públicos de Empleo. Se priorizarán también acciones dirigidas a colectivos vulnerables, como personas en situación de desempleo de larga duración y jóvenes.
Por primera vez, se ha decidido priorizar la formación en áreas emergentes como algoritmos, inteligencia artificial y prevención de riesgos asociados a fenómenos adversos, reforzando así la capacidad de la fuerza laboral para enfrentarse a desafíos contemporáneos.
