El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, junto con las comunidades autónomas, acordaron este jueves en una reunión del Consejo Territorial de Memoria el reparto de tres millones de euros destinados a tareas relacionadas con la memoria histórica de España. Estos fondos se destinarán a la localización, exhumación e identificación de los cadáveres víctimas de la Guerra Civil española y la dictadura franquista, así como a la divulgación de los descubrimientos en las fosas y a la dignificación de los lugares de memoria.
Según el reparto aprobado, Andalucía será la comunidad autónoma que mayor cantidad de recursos económicos reciba, con una asignación de más de 520.000 euros. Por su parte, Cataluña y Castilla-La Mancha seguirán en la distribución de recursos, con aproximadamente 420.000 euros y 313.874 euros, respectivamente.
Estas cifras fueron anunciadas por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, quien informó a los medios de comunicación luego del encuentro en la sede del Ministerio. En esta cita entre los entes gubernamentales se determinó que 1,6 millones de euros estarán dirigidos a las comunidades con un mayor número de fosas detectadas, mientras que cerca de 400.000 euros se asignarán atendiendo a la existencia o no de fosas comunes en las regiones. El millón restante de euros corresponde a partidas destinadas a promover la divulgación de los trabajos realizados en fosas y la dignificación de dichos espacios.
En el detalle de esta asignación, encontramos que a la Comunidad Valenciana se le otorgarán 289.327 euros; a Castilla y León, 226.760 euros; a Extremadura, 192.422 euros; y así sucesivamente se reparten los montos entre el resto de comunidades, incluyendo a aquellos enclaves autónomos de menor tamaño como Ceuta y Melilla, que recibirán 31.868 y 31.758 euros, respectivamente.
Respecto al Banco Estatal de ADN, Martínez destacó que las comunidades deben estar al tanto del software adquirido por el Estado, diseñado para facilitar la identificación de cadáveres y personas desaparecidas. Se ha propuesto que individuos que deseen participar aportando muestras de ADN, como parte de los procedimientos futuros de búsqueda, puedan hacerlo a través de los laboratorios habilitados para tal fin.
Asimismo, en la reunión del Consejo se definieron los representantes de las comunidades en las diversas comisiones técnicas establecidas por el Gobierno para abordar temas de memoria. Entre los aspectos tratados, se eligieron representantes tanto para la comisión de reconocimiento del Pueblo Gitano (Extremadura y Asturias) como para la de revisión de medidas relacionadas con la memoria histórica post-democracia (Navarra y Cataluña).
El encuentro no abordó las discrepancias suscitadas con respecto a las leyes de concordia en comunidades regidas por el PP, ni el recurso ante el Tribunal Constitucional que el Gobierno emitió en relación con la ley de memoria aragonesa.
(EUROPA PRESS)
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