El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reforzado su compromiso con la salud mental y las adicciones, considerándolas un derecho esencial. En el último año, ha incrementado la financiación destinada a proyectos relacionados en un 40%, utilizando recursos provenientes del IRPF. Esta reafirmación fue destacada por la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, durante la inauguración del V Congreso Nacional y II Internacional de Derecho de la Discapacidad en Ciudad Real.
El evento, organizado por el CERMI Castilla-La Mancha, reunió a figuras como el director general de Discapacidad, Francisco José Armenta, y el delegado de Bienestar Social en Ciudad Real, Eulalio Díaz-Cano. García Torijano subrayó la importancia de situar la salud mental como un tema de derechos fundamentales, señalando que sin un adecuado estado mental no puede haber inclusión ni igualdad de oportunidades en la sociedad.
La Consejería de Bienestar Social ha apoyado con firmeza la atención a la salud mental de las personas con discapacidad, considerando esto un pilar de su modelo. En 2024, se aprobaron 35 proyectos relacionados con la salud mental y las adicciones, que recibieron más de 1,3 millones de euros en financiación, representando el 85,7% del presupuesto de la línea 8 del IRPF. Además, la consejera destacó el refuerzo de la línea 4 del IRPF, que destina cerca de 3,9 millones de euros a 63 iniciativas, muchas de ellas desarrolladas por entidades vinculadas al CERMI Castilla-La Mancha. Entre ellas, la Federación Salud Mental Castilla-La Mancha recibió más de 213.000 euros en financiación para tres proyectos.
El CERMI juega un papel crucial en la Red Pública de Atención a la Discapacidad en Castilla-La Mancha, operando 32 centros y servicios que atienden a cerca de 1.000 personas, lo que constituye alrededor del 7% del total de plazas y usuarios en la región. Durante su discurso, García Torijano agradeció a CERMI Castilla-La Mancha y Laboralía por su labor y la organización del congreso.
Finalmente, la consejera reafirmó el compromiso del Gobierno de Emiliano García-Page con las personas con discapacidad, asegurando que continuarán avanzando en la garantía de recursos y en el fortalecimiento de alianzas, centrando su acción política en los derechos de este colectivo.
