El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha puesto en mira el verano de 2025 como el horizonte para la aprobación definitiva del nuevo Estatuto de la Comunidad Autónoma. Este pronóstico llega tras el registro del documento este lunes y la posterior convocatoria de la Mesa del Parlamento autonómico para este miércoles, que dará comienzo al proceso parlamentario en la región.
En una rueda de prensa, Martínez Guijarro reveló que el Consejo de Gobierno está programado a reunirse el jueves para expresar su no oposición a la proposición de ley conjunta entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Esta medida es el preámbulo a un primer debate general fijado para el 18 de julio, en el que se espera que el Parlamento de Castilla-La Mancha, dominado por ambos partidos, tome en consideración el Estatuto y se dé inicio a la etapa de presentación de enmiendas parciales.
Una vez se debata y aprueben las enmiendas en la instancia autonómica, el Estatuto aprobado habrá de ser remitido al Congreso de los Diputados, cuyo manejo de los tiempos queda a discusión de sus miembros. No obstante, el gobierno autonómico se muestra confiado en que el nuevo Estatuto estará en vigor en el tiempo previsto.
El documento se ha diseñado intencionadamente para evitar obstáculos en su tramitación, asegurando que «no tiene que existir ninguna dificultad» para que avance a través de los diversos trámites legislativos. Es más, a pesar de que el punto de partida es un acuerdo entre los partidos dominantes en los parlamentos regional y nacional, Martínez Guijarro ha hecho un llamado a que todos los grupos parlamentarios en la Cámara Baja participen en el futuro debate.
Si bien algunos partidos regionalmente extraparlamentarios, como Podemos, han expresado ya sus protestas, el vicepresidente los anima a hacer llegar sus posiciones a través de sus voceros nacionales cuando la discusión ascienda al Congreso. Además, destaca que ello no impide que puedan mantener contactos y pronunciarse a nivel regional. Con la mirada puesta en el avance legislativo sin contratiempos, Castilla-La Mancha avanza en la renovación de su principal norma institucional.
