El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido posicionarse claramente contra la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, al aprobar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la mencionada normativa. Esta resolución del Ejecutivo autonómico, tomada en su última reunión, responde a un previo dictamen emitido por el Consejo Consultivo de la comunidad, que considera la ley como contraria a la Constitución.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, propició el análisis de la norma por parte del Consejo Consultivo inmediatamente después de que se publicara en el Boletín Oficial del Estado. Dicho análisis resultó en un dictamen pronunciado, que no enfrentó oposiciones dentro del pleno del Consejo Consultivo y que confirma la legitimación del Gobierno regional para presentar el recurso.
El Consejo Consultivo, apoyándose en precedentes del Tribunal Constitucional, defiende en su dictamen que las comunidades autónomas tienen derecho a recurrir cualquier norma que consideren inconstitucional, sin limitarse únicamente a cuestiones que interfieran directamente con sus competencias.
El análisis del Consejo Consultivo va más allá al señalar que la Ley de Amnistía infringe el principio de igualdad, señalado en el artículo 14 de la Constitución, así como los principios que prohíben la arbitrariedad. Según su evaluación, la ley objeto de discordia sobrepasaría los límites del ordenamiento constitucional vigente, sugiriendo que su implementación apropiada requeriría de una reforma previa de la Carta Magna.
De esta forma, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha procede con la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, en defensa de lo que percibe como los intereses de la comunidad y del sistema autonómico en su conjunto, hacia el mantenimiento del estado de derecho y la preservación de la Constitución española.
