El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado la decisión de presentar un recurso al Tribunal Constitucional relacionado con el reparto del impuesto a la banca, un anuncio anticipado por el presidente regional, Emiliano García-Page. Durante una rueda de prensa, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha enfatizado que este recurso es «en defensa de los ciudadanos de Castilla-La Mancha» y no se dirige contra ninguna entidad en particular.
Ruiz Molina ha explicado que tanto el Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades como el Consejo Consultivo han determinado que el criterio de reparto podría ser susceptible de un recurso de inconstitucionalidad. En este sentido, ha especificado que la impugnación no cuestiona el concepto del impuesto en sí, sino los criterios utilizados para distribuir la recaudación entre las distintas comunidades autónomas.
El recurso se apoyará en tres argumentos clave, además de otros puntos destacados por el Gabinete Jurídico y el Consejo Consultivo. En primer lugar, se sostiene que el reparto fue aprobado «a espaldas» de las comunidades autónomas, lo que indica una falta de consulta necesaria en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En segundo lugar, se argumenta que la ley debería haberse tramitado como ley orgánica y no como ley ordinaria. Finalmente, se subraya que el actual reparto vulnera el principio de solidaridad entre las comunidades.
Ruiz Molina ha reiterado que el recurso busca representar el interés de los ciudadanos de la región y ha subrayado que el motivo por el cual se establece es la defensa del interés regional. Además, ha expuesto que el reparto especificado en la ley podría ocasionar un perjuicio económico estimado en 15 millones de euros para Castilla-La Mancha, ya que, al aplicar el criterio del PIB, la comunidad recibiría 60 millones, pero si se utilizara un criterio más lógico, como el de población ajustada, el monto podría ascender a aproximadamente 75 millones de euros.
