El Gobierno de Castilla-La Mancha se encuentra en proceso de elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta Comunidades para el año 2021, una tarea que deberá adaptarse al marco presupuestario vigente. La ejecución de esta tarea llega en un momento de incertidumbre, ya que aún no se han definido las nuevas reglas fiscales que la Comisión Europea y los Estados Miembros deberán acordar. Por tanto, se prevén modificaciones futuras para alinear los presupuestos con dichas normativas cuando estén establecidas.
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó este lunes la orden que establece las normas para la elaboración de los presupuestos para 2025. Esta orden, promovida por el Ejecutivo regional, marca que los límites de gasto no financiero deben ser fijados siguiendo las disposiciones de legislación comunitaria y nacional relacionadas con la estabilidad presupuestaria.
La consejería competente en materia de Hacienda, actualmente liderada por Juan Alfonso Ruiz Molina, será la encargada de establecer los detalles relativos a la estructura presupuestaria, así como el procedimiento de elaboración y los plazos para la presentación de la documentación necesaria.
Desde el Gobierno autonómico, se ha anunciado que las cuentas para 2025 tendrán el objetivo fundamental de reforzar los pilares del Estado del Bienestar, promover el crecimiento económico y el empleo, y combatir intensamente el reto de la despoblación. Las políticas desarrolladas estarán enfocadas en atender las necesidades del tejido productivo y mantener una sólida red de servicios y prestaciones públicas de calidad.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, siendo pionero en España en medidas legislativas y fiscales contra la despoblación, busca también mediante la financiación de estas políticas consolidar sus esfuerzos en territorios con mayor vulnerabilidad socioeconómica.
La orden incluye varias directrices de índole general para la elaboración de los presupuestos. Se espera mejorar la eficiencia en la prestación de servicios y controlar los gastos no esenciales, además de fomentar la austeridad administrativa. Se pondrá especial énfasis en las subvenciones e inversiones reales, garantizando el respeto de los derechos derivados de los compromisos plurianuales e incentivando las actuaciones cofinanciadas por administraciones públicas o la Unión Europea.
Los presupuestos de 2025 estipularán, asimismo, una evaluación transversal en términos de impacto de género, alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, repercusiones sobre la infancia y el efecto demográfico, con especial atención en la lucha contra la despoblación.
Este conjunto de criterios y prioridades tiene la finalidad de asegurar una distribución de recursos eficaz que esté vinculada a las metas y fines que las políticas del Gobierno autonómico pretenden alcanzar.
