El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha solicitado al Gobierno de España una mayor flexibilidad en las normativas que regulan el acceso al nuevo Fondo de Resiliencia Autonómica, con el fin de que las pequeñas y medianas empresas puedan beneficiarse de estas ayudas.
Martínez Guijarro ha hecho esta petición a la salida de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la que estuvo presente junto con el director general de Seguimiento del Plan de Recuperación, Julio García. Según expuso, el principal inconveniente del Fondo es que se enfoca en proyectos de al menos 25 millones de euros de inversión, una cifra que excluye a la práctica totalidad de las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Autónoma, que no pueden asumir inversiones de tal magnitud.
En el encuentro sectorial, que contó con delegados de todas las comunidades autónomas y fue presidido por el ministro de Economía, Comercía y Empresas, Carlos Cuerpo, se ha destacado que ya se han movilizado los primeros 3.400 millones de euros del citado fondo, destinados tanto a proyectos públicos como privados, conforme a lo divulgado por la Junta en una nota de prensa.
No obstante, el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha ha llamado la atención sobre un problema significante en la aplicación de estos recursos en proyectos públicos. Según Martínez Guijarro, el Fondo de Resiliencia Autonómica computa como deuda para las comunidades autónomas y ello les impide ejercer una capacidad de financiación adecuada. «Esperaba que el Gobierno de España hubiera enviado un mensaje de apoyo a las comunidades autónomas para que esta deuda no contabilizara dentro de las reglas fiscales, otorgando más autonomía a los territorios en sus decisiones», precisó.
Además, Martínez Guijarro señaló que existe una barrera adicional para los territorios autónomos: la limitación temporal para la ejecución del Fondo de Resiliencia Autonómica. Todas las iniciativas financiadas a través de este fondo deben concluirse para agosto de 2026, lo que representa un desafío mayor teniendo en cuenta el tiempo necesario para la contratación y ejecución de obras bajo la Ley de Contratos del Estado. El vicepresidente concluyó su intervención enfatizando la complejidad que implican estas restricciones de tiempo para el desarrollo adecuado de proyectos sostenibles a largo plazo.
