Madrid, 7 de noviembre de 2025.- La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha participado este viernes en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde el Ministerio de Juventud e Infancia anunció la distribución de 100 millones de euros para comunidades autónomas, dirigidos a abordar los traslados de menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla.
García Torijano, acompañada por la directora general de Infancia y Familia, Inmaculada Tello, explicó que los ingresos a las comunidades están pautados para realizarse entre finales de noviembre y principios de diciembre.
La consejera agradeció al Ministerio su compromiso para coordinar y dotar recursos, pero subrayó la necesidad de «una financiación suficiente y estable» para fortalecer los sistemas de protección autonómicos.
“Los menores no acompañados no llegan a Castilla-La Mancha solo por unos pocos meses; necesitan un plan de futuro que les proporcione dignidad y estabilidad”, aseguró García Torijano.
Una financiación insuficiente para un sistema al límite
García Torijano recordó que, según datos previos, Castilla-La Mancha recibiría algo más de cuatro millones de euros, una cantidad que juzga «muy insuficiente» para cubrir las necesidades actuales del sistema.
“Estamos prácticamente al 100% de ocupación y requerimos más recursos para asegurar la calidad y personalización de nuestro modelo de atención”, explicó.
Además, informó que ya se han trasladado varias decenas de menores desde Canarias y Ceuta a Castilla-La Mancha, destacando la colaboración entre comunidades para que estas llegadas se realicen de manera «tranquila y ordenada».
Sin embargo, insistió en que la financiación debe contemplar la planificación a medio y largo plazo, señalando que se debe atender a las necesidades inmediatas y también acompañar a los menores en su desarrollo hacia la mayoría de edad.
Defensa del modelo de protección de Castilla-La Mancha
La consejera reafirmó que Castilla-La Mancha defenderá su modelo de hogares de convivencia pequeños (de entre ocho y diez plazas) y el acogimiento familiar como pilares de la política de infancia.
“Nuestro sistema es garantista y aboga por la desinstitucionalización. No queremos retroceder. Necesitamos una financiación suficiente para continuar brindando atención personalizada y de calidad”, subrayó.
Asimismo, solicitó la colaboración del Ministerio de Juventud e Infancia con el de Hacienda para garantizar que esta línea de financiación perdure más allá de 2025 y en vista a 2026, evitando así comprometer los sistemas autonómicos de protección.
Plan de acción con la Fiscalía
Durante la sesión, Castilla-La Mancha propuso la elaboración de un plan de acción conjunto con la Fiscalía para asegurar que todos los menores trasladados a recursos autonómicos sean realmente menores de edad, evitando la convivencia de personas adultas en hogares destinados a niños. Esta solicitud fue “bien acogida por el Ministerio”, según García Torijano.
