Bruselas, 12 de julio de 2017.- Castilla-La Mancha ha pedido a la Comisión Europea que tenga en cuenta los intereses de las comunidades autónomas ante el Brexit, ya que “somos los afectados por las consecuencias de la salida”. Así lo ha destacado hoy en Bruselas la directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, Virginia Marco, tras la reunión que ha mantenido con el resto de presidentes de las delegaciones nacionales que conforman el Comité de las Regiones.
Marco ha señalado que desde el Gobierno regional se hace “un balance muy positivo” de la presidencia de la Delegación Española en esta Asamblea de la Unión Europea, “ya que se han lanzado una serie de propuestas sobre los intereses que tienen las regiones y cómo puede afectar a estas”.
En este sentido, la directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos ha pedido a la Comisión Europea que “nos mantenga informados sobre cómo avanzan las negociaciones” con el fin de poder informar de la situación a los agentes económicos y sociales de la región.
Según ha explicado Marco, el posicionamiento común que se elaborado y coordinado desde Castilla-La Mancha, con la participación de las comunidades autónomas, se ha querido “que sea conciso para que sea eficaz, puesto que si sale Reino Unido, que es un contribuyente neto de la Unión Europea, algunas partidas destinadas al desarrollo de las regiones pueden verse afectadas como la de la Política Agraria Común (PAC)”.
Las comunidades autónomas consideran que es fundamental que el nuevo Marco Financiero Plurianual mantenga las asignaciones necesarias para esta partida, además de otras como son las destinadas a I+D, energía, infraestructuras, fondo marítimo o pesca. Se pide también que la reducción de presupuestos no afecte a la política de cohesión, dado su papel que permite reducir las desigualdades entre las regiones.
Otras de las peticiones que recoge este texto, es garantizar los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea residentes en Reino Unido, y viceversa. En concreto, se menciona el caso de los trabajadores andaluces de Campo de Gibraltar que cruzan la frontera cada día para trabajar en este país. También, que se mantengan las equivalencias y el reconocimiento de formaciones académicas y profesionales para evitar el perjuicio de trabajadores y estudiantes.
Este documento ya fue presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en el 57º Pleno de la CARUE ante la Vicepresidenta del Gobierno español.
Por último, la directora general de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos ha agradecido la participación del resto de las comunidades autónomas “para establecer un consenso que ha permitido defender una posición común”.
