El vicepresidente del Derecho a Morir Dignamente (DMD), Fernando Marín, reveló que las solicitudes de eutanasia en España experimentaron un aumento del 30% en 2023, alcanzando alrededor de 750 peticiones, en el marco del tercer aniversario de la vigencia de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE). Esta información preliminar se asemeja a los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, a los cuales Diario CLM tuvo acceso, que indican que se han realizado 323 prestaciones de eutanasia y 727 solicitudes durante el 2023, incluyendo todas las comunidades autónomas (CCAA). Estos números aún son provisionales, ya que se espera la elaboración de un informe definitivo por parte del Ministerio.
La ley, que estipula la publicación de informes sobre la eutanasia, no se ha cumplido plenamente, ya que ocho CCAA aún no han hecho públicos sus registros evaluativos, obstaculizando así una comprensión detallada de la implementación de la eutanasia a nivel nacional. Las comunidades que no han liberado estos reportes incluyen a Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y Galicia; esta última solo ha publicado un documento que, según Marín, «no se puede considerar un informe».
Marín también destacó los extensos plazos en el proceso de solicitud, que pueden llegar hasta 75 días, excediendo el tiempo recomendado de 30 a 35 días. Esta demora ha tenido como resultante que una tercera parte de los solicitantes de eutanasia fallezca antes de que su petición sea tramitada. Durante 2022, 152 individuos murieron a espera de una resolución para su solicitud de eutanasia, y 48 de esos casos quedaron sin reporte detallado debido a la ausencia de un informe por parte del médico involucrado.
Se reporta que hay un 20% de rechazo en las solicitudes por razones diversas, y una falta de datos sobre cuántas personas habían solicitado la eutanasia a través de su testamento vital; en 215 casos del informe del Ministerio no se incluye esta información. Además, DMD indica que dentro de algunas comisiones de evaluación, incluso en regiones con gobiernos del Partido Popular (PP), hay miembros abiertamente contrarios al acto de la eutanasia, llegando a infracciones tales como el «maltrato institucional» y la implementación de requisitos que no figuran en la ley.
El informe del Ministerio de Sanidad marca que 288 personas out there fallecieron por eutanasia en 2022, el primer año con datos completos disponibles, dado que la ley entró en vigor a mediados de 2021. Por otra parte, los índices de eutanasia en referencia al total de muertes varían considerablemente entre las comunidades, con cifras que sugieren inequidades significativas al acceso a la eutanasia, dependiendo de la región de residencia.
Desde la perspectiva internacional, Loren Arseguet de DMD considera que la tasa relativamente baja de eutanasia en España podría deberse a procedimientos burocráticos excesivos establecidos por la LORE, comparando la situación con la de Bélgica, donde la tasa no llegó a superar el 1% hasta varios años después de implementarse la ley en 2002.
Para mejorar el acceso a la eutanasia en España, DMD propuso asegurar una tramitación clara para el solicitante y para los profesionales de salud, la adecuada organización de los servicios sanitarios ante cuestiones relacionadas con la objeción de conciencia y la designación de personas de referencia en distintos niveles sanitarios para el seguimiento de esta práctica.
Finalmente, dos testigos compartieron experiencias personales enfatizando que la ley de eutanasia no requiere que la persona esté en fase avanzada de una enfermedad ni en cuidados paliativos, un malentendido que a menudo puede crear confusión entre los médicos y provocar obstáculos en el proceso.
