Castilla-La Mancha implementa medidas contra las agresiones a profesionales del ámbito sanitario
Toledo, 19 de marzo de 2024.- En un esfuerzo por proteger a los profesionales del sistema sanitario, Castilla-La Mancha se ha convertido en una de las tres comunidades autónomas, junto a Castilla y León y Navarra, en contar con un procedimiento administrativo sancionador específico para las agresiones físicas o verbales contra estos profesionales.
El director gerente del SESCAM, Alberto Jara, anunció durante la reunión del Pleno del Observatorio de la Violencia para prevenir las agresiones al personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, la implementación de este procedimiento que permite imponer multas económicas a los autores de agresiones en el ámbito sanitario, independientemente de las penas judiciales que puedan recibir.
Esta medida, que entró en vigor a finales del año pasado, se basa en el Decreto de competencias sancionadoras en el ámbito de la Consejería de Sanidad, que establece los órganos competentes para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores en base a las acciones tipificadas como infracción en la Ley sobre derechos y deberes en materia de salud de Castilla-La Mancha.
El objetivo fundamental de esta iniciativa es ampliar la protección de los trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y agilizar el proceso de denuncia en caso de agresiones, complementando el apoyo jurídico que el Gobierno regional ya ofrecía a los profesionales de la salud.
Desde la Dirección General de Recursos Humanos y Transformación del SESCAM se llevará a cabo una ronda de visitas por las distintas gerencias para informar sobre este nuevo procedimiento y todas las cuestiones relacionadas con su implementación.
Además, en la reunión del Observatorio se presentó un informe anual sobre incidentes registrados el año pasado, donde se destacó que la mayoría de las agresiones son de tipo verbal, seguidas de agresiones físicas y escritas, así como vandalismo. En los últimos dos años se ha observado una disminución en el número de incidentes registrados.
En cuanto a las asistencias legales, el 93% de las peticiones de auxilio jurídico se debieron a insultos y amenazas, y el 75% de los procedimientos finalizados en los tribunales resultaron en sentencias condenatorias.
Con la implementación de estas medidas, Castilla-La Mancha se sitúa a la vanguardia en la protección de los profesionales del ámbito sanitario y envía un claro mensaje de tolerancia cero hacia las agresiones en el entorno de la salud.
