El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo al aprobar la firma del Convenio de Nivel Acordado 2025 del Sistema de Dependencia con el Estado. Este acuerdo, que cuenta con un presupuesto de 80,3 millones de euros, cofinanciados al 50% entre ambas administraciones, asegura la continuidad y mejora de los servicios destinados a las personas en situación de dependencia en la región. Se estima que más de 80.000 ciudadanos se beneficiarán directamente de este convenio.
La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, enfatizó la importancia de este convenio para fortalecer la red pública de cuidados, reafirmando que la atención a la dependencia debe considerarse un derecho ciudadano, al igual que la sanidad, la educación y las pensiones. Este nuevo acuerdo se centra en tres objetivos clave: reducir las listas de espera y hacer más eficientes los trámites mediante digitalización; mejorar la calidad de los servicios, incluyendo la teleasistencia avanzada como derecho subjetivo; y fortalecer la estabilidad laboral en un sector que genera más de 30.000 empleos, la mayoría con contrato indefinido.
García Torijano también subrayó el significado simbólico y político de este acuerdo, recordando que la cooperación en materia de dependencia fue eliminada en 2012 por el Gobierno del Partido Popular y que se reanudó en 2021 bajo la gestión socialista. Desde entonces, la inversión autonómica en este convenio ha aumentado de 32 millones en 2021 a más de 80 millones en 2025.
A pesar de estos avances, la consejera expresó la necesidad de que el Estado aumente su aporte, que actualmente es solo del 26%, lo que deja a la comunidad autónoma asumiendo el resto de la financiación. García Torijano exigió que el Estado asumiera el 50% real del coste, argumentando que ha dejado de aportar 1.100 millones de euros en los últimos años.
En términos de eficiencia, Castilla-La Mancha ha logrado resolver los expedientes de dependencia en un promedio de 169 días, la mitad que la media nacional, posicionándose como una de las cuatro comunidades que cumple con los plazos legales establecidos. Actualmente, el sistema de dependencia en la región activa más de 112.000 prestaciones y cuenta con programas como el SEPAP-MejoraT en 380 municipios.
El impacto del sector se traduce en más de 30.500 empleos, predominantemente indefinidos, y en un modelo de atención que prioriza a las personas. La consejera concluyó afirmando que detrás de cada prestación hay historias significativas que resaltan la importancia de cuidar a quienes han cuidado de nosotros. Con esta iniciativa, el Gobierno de Emiliano García-Page reafirma su compromiso con una Castilla-La Mancha más justa y solidaria, consolidando la dependencia como un derecho fundamental.
