El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado en un acto público reciente en Cuenca una serie de medidas restrictivas para la industria del juego en la región. El próximo martes, el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar una nueva normativa que limitará significativamente la instalación de máquinas tragaperras en toda la comunidad autónoma, estableciendo un tope máximo de 100 unidades por año.
Esta regulación viene acompañada de una moratoria en la concesión de nuevas licencias para locales de juego, cuya duración será de cuatro años. El objetivo de estas acciones es controlar y reducir el impacto de las actividades de juego entre los ciudadanos.
El presidente ha subrayado la importancia de esta estrategia regulatoria, argumentando que es esencial en la lucha contra el juego patológico, un fenómeno que considera una de las formas de adicción más peligrosas. Además, García-Page ha hecho referencia a los efectos que la actual legislación en materia de juego ha tenido sobre los establecimientos de la región, aludiendo a una caída del 14,5% en el número total de locales dedicados a esta actividad.
Con estas medidas, el gobierno de Castilla-La Mancha da un paso más en su compromiso por prevenir la ludopatía y limitar los efectos negativos que el juego puede tener en la sociedad, particularmente entre los grupos más vulnerables. Se espera que la nueva normativa, una vez aprobada, contribuya de manera significativa a este objetivo.
