El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado un mensaje contundente a las empresas interesadas en la extracción de tierras raras en la región: deberán cumplir estrictamente con la legislación ambiental local y comprometerse con el desarrollo industrial dentro del territorio. Así lo ha enfatizado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en una entrevista concedida a Europa Press.
En relación con el proyecto de investigación llevado a cabo por la empresa Quantum Minería para explorar la presencia de tierras raras en la provincia de Ciudad Real, se harán catas en el suelo. Gómez ha destacado que esta fase se someterá a un proceso de consulta pública en el que individuos y organizaciones podrán presentar sus opiniones y objeciones. Una vez revisadas las alegaciones, se elaborará un documento de alcance destinado a evaluar ambientalmente la viabilidad del proyecto.
Gómez señaló que, hasta que no se conozcan los resultados de este documento, no se podrá determinar si la iniciativa de Quantum Minería podrá avanzar. Afirmó que la posibilidad de disponer de materias primas necesarias para la industria es una buena noticia, siempre y cuando sean compatibles con el respeto al medio ambiente y a las normativas vigentes.
La consejera ha sido clara en destacar que no habrá condescendencia con las empresas que no observen la ley y ha subrayado que la industria asociada a la extracción de estos minerales deberá asentarse en Castilla-La Mancha si se cumplen los requerimientos ambientales. Además, recalcó la necesidad de considerar la reciente modificación de la Ley de Evaluación Ambiental, la cual permite a los municipios tener una voz en la fase preliminar sobre la aprobación de proyectos sujetos a valoración ambiental.
La extracción de tierras raras es descrita por Gómez como una actividad «muy incisiva» que requiere un cuidadoso planeamiento, aludiendo a experiencias previas donde la rehabilitación de minas abandonadas ha representado un coste extremadamente elevado para los ciudadanos.
Por otra parte, en cuanto a la gestión de estiércoles procedentes de macrogranjas, la consejera informó que se están elaborando borradores para un decreto que regule esta cuestión y posiblemente pueda adelantar el levantamiento de una moratoria prevista hasta el 31 de diciembre. Este decreto busca obtener el consenso necesario para satisfacer todas las necesidades implicadas y fomentar la valorización de estos residuos mediante el uso de plantas de biogás y biometano, creando un modelo sostenible de economía circular.
Gómez ha admitido que, aunque se busca agilizar el proceso, es probable que se requiera todo el plazo establecido debido a la necesidad de alcanzar un consenso amplio y asegurar la eficiencia de la normativa que se pretende implementar.
