El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el proyecto de ley de Integridad Pública, el cual se prevé que sea aprobado por las Cortes regionales en el actual periodo de sesiones. El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, confía en que esta ley contará con «el máximo consenso posible» durante su tramitación parlamentaria.
Esta normativa forma parte de una serie de medidas legislativas que buscan fortalecer la transparencia y la probidad en la administración pública de la comunidad autónoma. Martínez Guijarro destacó que Castilla-La Mancha ha sido «una comunidad autónoma pionera en materia de transparencia». Con la aprobación de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno en la primera legislatura y de la Ley de Participación Ciudadana en la segunda, la nueva ley completa el conjunto de herramientas dirigidas a asegurar la integridad en la gestión pública.
La Ley de Integridad Pública dotará a la Oficina de Integridad de funciones de control y vigilancia, y establecerá nuevas obligaciones para los altos cargos. Entre estas, deberán presentar una Declaración responsable de no incurrir en incompatibilidades al momento de su nombramiento, complementando la ya existente declaración de Actividades, Bienes y Rentas.
Además, se impondrá la obligación de inhibirse en decisiones que puedan resultar en conflictos de interés, comunicando dicha abstención a la Oficina de Integridad. La ley también busca prevenir las llamadas «puertas giratorias», exigiendo a los altos cargos declarar sus actividades privadas post-cese para evitar que trabajen en empresas relacionadas con expedientes administrativos en los que intervinieron, en un plazo de dos años.
Por último, se establece que todos los miembros del Gobierno regional, al término de cada convocatoria electoral, presenten una declaración de situación patrimonial. La Oficina de Integridad evaluará la congruencia patrimonial durante su mandato y publicará un informe en el Portal de Transparencia. Esta medida también está abierta a ser realizada de manera voluntaria por el conjunto de altos cargos de la Administración regional.
