Madrid, 2 de octubre de 2025.- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha elevado su voz en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, que tiene lugar en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, para exigir un marco de financiación que sea no solo realista, sino también flexible y adaptado a las particularidades de la región. La directora general de Vivienda, Salu García Alfaro, ha subrayado la importancia de que el nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV) contemple las específicas necesidades de Castilla-La Mancha.
García Alfaro manifestó que la región comparte los objetivos del PEV, que busca fomentar una mayor oferta de vivienda protegida y mejorar la calidad del parque residencial, al tiempo que busca facilitar el acceso a la vivienda a las familias. Sin embargo, hizo hincapié en que para alcanzar estas metas es esencial contar con un marco de financiación que no represente una carga desproporcionada para las arcas públicas.
La directora reveló que el borrador actual del PEV establece que Castilla-La Mancha debería aumentar su contribución en un impactante 658 por ciento en comparación con el plan anterior, lo que ha llevado al Gobierno regional a presentar alegaciones para que se consideren sus recomendaciones en la formulación del nuevo plan. Entre las solicitudes destaca el reconocimiento del esfuerzo económico que la comunidad autónoma ya está realizando a través de diversos programas y fondos, como los europeos FEDER, que financian tanto la construcción de vivienda protegida como la rehabilitación.
Además, García Alfaro solicitó que el reparto de fondos no sea rígido. El PEV actual propone que un 40 por ciento de los recursos destinados se utilice para la construcción de vivienda social, un 30 por ciento para rehabilitación y accesibilidad, y otro 30 por ciento para el acceso a la vivienda. Sin embargo, la directora argumentó que estas proporciones deben adaptarse a la realidad rural de Castilla-La Mancha, que enfrenta desafíos como la despoblación y un parque de viviendas envejecido, contrastando con las regiones más urbanas e industrializadas.
Entre las propuestas presentadas, García Alfaro destacó la necesidad de incluir en el nuevo Plan los costes de gestión relacionados con este esfuerzo económico y sugirió que hasta un 3,5 por ciento de la aportación autonómica se destine a personal y herramientas informáticas para la gestión de las ayudas.
Finalmente, la directora enumeró tres propuestas fundamentales: crear una línea específica de ayudas para la urbanización de suelo destinado a vivienda protegida; incluir explícitamente las actuaciones de rehabilitación y vivienda social que ya se están llevando a cabo y que no pueden cargarse al Plan de Recuperación, y garantizar la continuidad de las oficinas de rehabilitación que, financiadas con fondos europeos, han demostrado su eficacia en la gestión y asesoramiento a ciudadanos.
«Castilla-La Mancha no está pidiendo privilegios, sino que busca un marco financiero coherente y realista, que reconozca el esfuerzo que ya estamos realizando en materia de rehabilitación y construcción, para alcanzar el objetivo final de contar con más viviendas de calidad y accesibles para las familias», concluyó García Alfaro.
