El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su valoración sobre el anuncio del presidente del Gobierno de España en lo concerniente a la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Aunque ven con buenos ojos la iniciativa, desde la administración regional apuntan que la financiación propuesta es «insuficiente». Asimismo, la región castellanomanchega prevé solicitar un «compromiso rotundo» de todas las administraciones y un mayor control sobre los fondos asignados para asegurar su correcta utilización en la lucha contra la violencia de género.
El llamado a un mayor respaldo económico viene de parte de la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, quien ha resaltado la necesidad de intensificar los esfuerzos en prevención y sensibilización. Simón mencionó la reciente implementación de nuevos servicios, incluyendo centros de atención para mujeres víctimas de violencia sexual, reconociendo que se requiere de más recursos para estas iniciativas, especialmente en una región que describe como «infrafinanciada».
En el contexto de calificar la violencia de género como una «emergencia nacional», Simón ha recordado que en lo que va del año ya se cuenta un lamentable saldo de diez mujeres asesinadas y siete menores de edad. Además, se enfrenta un «elevado índice de negacionismo» y posturas que consideran las medidas de protección a las mujeres como un «ataque a los derechos» de los hombres.
En este sentido, la consejera afirmó que Castilla-La Mancha no solo busca más financiación en la renovación del Pacto de Estado, sino que también se persigue unir fuerzas entre administraciones y partidos políticos para «aislar» a quienes niegan la existencia de la violencia de género. Simón enfatizó que no se puede sostener la coherencia de firmar el pacto y, al mismo tiempo, permitir que partidos que nieguen la violencia de género accedan a las instituciones.
Para garantizar la focalización de estos fondos, el Gobierno regional tiene la intención de pedir un «mayor control» a fin de que el dinero destinado al pacto no sea desviado para otros propósitos que no estén vinculados con la prevención y erradicación de la violencia de género.
Estas declaraciones se dieron justo antes de la inauguración de una jornada sobre mujeres y discapacidad en el ámbito de la administración, evento en el que Sara Simón destacó las desigualdades que enfrentan las mujeres con discapacidad, quienes perciben salarios promedios inferiores en 5.000 euros y sufren un mayor porcentaje de violencia machista en comparación con aquellas sin discapacidad.
La jornada contó con el apoyo del Gobierno de Castilla-La Mancha y la participación de importantes figuras como Lourdes Luna, directora del Instituto de la Mujer, y la delegada provincial de Igualdad, Nuria Cogolludo.
