La consejera de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, expresando su preocupación por el retraso en la implementación de las nuevas normas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Gómez destacó que el plazo de un año previsto en el Real Decreto ya ha expirado sin que las nuevas reglas estén en vigor.
Durante una rueda de prensa, la consejera señaló que se encargaron informes técnicos al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) hace ya un año y criticó la falta de información disponible para Castilla-La Mancha sobre estos estudios. Gómez instó al Ministerio a compartir estos informes para poder dialogar con todas las partes interesadas sobre cómo deben modificarse las reglas de explotación.
La consejera rememoró los logros del gobierno regional, incluyendo la implementación de caudales ecológicos en tramos del río Tajo que han permitido cierta recuperación hídrica, aunque aún no se consideran suficientes. Gómez lamentó la falta de transparencia por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), la cual, desde mayo de 2023, ha dejado de publicar datos sobre los caudales ecológicos.
Comentó también los ajustes en la cantidad de agua trasvasada, que ha disminuido de 37 a 28 hectómetros cúbicos al mes en condiciones de nivel de «normalidad». No obstante, remarcó que no se han hecho cambios en situaciones de emergencia. En su intervención, Gómez recordó la vigencia de estas normativas desde 1997 y señaló su fortalecimiento legislativo en 2013 bajo el gobierno de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.
La consejera criticó la gestión del agua en el Levante, particularmente en la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, alegando un desperdicio significativo de recursos hídricos que Castilla-La Mancha necesita tanto para el consumo humano como para la conservación de espacios naturales.
Además, señaló las restricciones de 49 hectómetros cúbicos al año que sufren los regantes de La Mancha oriental de Cuenca y Albacete debido al trasvase de agua desde el río Júcar hacia el Vinalopó, tachándolo de «atropello» y criticando al gobierno valenciano por querer el agua solo para regadío.
Por último, Gómez informó que no ha habido comunicaciones relativas a la propuesta de crear una Mesa de Trabajo con representantes de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia para discutir las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. Aseguró que el gobierno castellanomanchego está dispuesto a debatir y participará activamente en estas discusiones con el fin de aportar en beneficio de todos los involucrados.
