El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su preocupación y solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) importantes modificaciones en la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en la región, específicamente para reducir la carga administrativa y ajustar la implementación de ciertos ecorregímenes a las condiciones específicas del territorio.
Estas demandas fueron presentadas por la viceconsejera de Política Agraria Común y Política Agroambiental, Gracia Canales, durante la reunión del órgano de coordinación del Plan Estratégico de la PAC, donde las distintas comunidades autónomas y el Ministerio analizaron el primer año de aplicación de esta política. La reunión sirvió para evaluar los logros y desafíos tras la activación de la nueva PAC, de acuerdo con un comunicado emitido por la Junta.
Gracia Canales incidió en la necesidad de un cambio para aliviar los problemas detectados con la monitorización, producto de una «excesiva burocratización» que afecta tanto al sector agrícola como a la eficiencia administrativa. También cuestionó la viabilidad de mantener las cubiertas vegetales exigidas por algunos ecorregímenes, en un contexto de baja pluviometría que las hace difíciles de sostener, insistiendo en la necesidad de ajustar los montos unitarios asignados a estas prácticas. La viceconsejera además señaló la necesidad de revisar los parámetros de carga ganadera, dados los escasos pastos disponibles en la región.
Otra petición expresada por Canales al Ministerio ha sido la búsqueda de apoyo para argumentar ante la Comisión Europea la necesidad de una mayor flexibilización en la aplicación de los ecorregímenes para el año 2024, particularmente en aquellas zonas castellanomanchegas afectadas severamente por la sequía, de acuerdo con los informes de las Confederaciones Hidrográficas y otras entidades oficiales.
A pesar de los desafíos presentados, la viceconsejera hizo una evaluación general muy favorable del primer año de aplicación de la PAC, destacando los beneficios económicos y ambientales que ha traído a Castilla-La Mancha. Puntualizó que ha aumentado el porcentaje de ayudas a agricultores y ganaderos de la región y que el cumplimiento ambiental ha sido notable, con hasta un 81% de estos acogiéndose a los ecorregímenes voluntarios.
Canales también aplaudió la efectividad del pago redistributivo, el cual ha sido particularmente beneficioso para la región al adaptarse al tamaño de las explotaciones locales. Este mecanismo permite que las ayudas lleguen a un mayor número de beneficiarios.
Para concluir, Gracia Canales reconoció los retos que conlleva la implantación de una PAC que demanda un cambio de paradigma en respuesta a la actual crisis climática. La viceconsejera admitió que las dificultades, como los efectos de las sequías y otros fenómenos extremos como las DANAs, son comprensibles dados los cambios profundos que la nueva política agroambiental requiere.
