Castilla-La Mancha espera que el decreto sobre gestión de purines se haga público a principios de octubre

C-LM espera que el documento del decreto sobre gestión de purines se abra al público a principios de octubre

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado su intención de iniciar el proceso de información pública del decreto de gestión de purines a principios de octubre. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, explicó que este paso permitirá que los ciudadanos y organizaciones interesadas presenten alegaciones sobre el tema. Este decreto forma parte de un conjunto de tres medidas que buscan levantar la moratoria vigente hasta el 31 de diciembre, la cual prohíbe la instalación de macrogranjas de cerdos con más de 2.000 cabezas en la región.

Gómez destacó que la gestión de purines es fundamental para establecer métodos que aseguren su eliminación sin generar riesgos ambientales. Entre los otros dos decretos que se implementarán, se encuentra un nuevo plan de biometanización, que facilitará la creación de industrias destinadas a la eliminación de purines de manera segura, y un mapa de zonas vulnerables de nitratos que regulará la ubicación de estas explotaciones.

La Consejería de Desarrollo Sostenible está colaborando con el sector porcino, así como con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y representantes conservacionistas, para asegurar que estas iniciativas se implementen adecuadamente.

En relación a una macrogranja de 4.000 cerdos proyectada en El Robledo, la consejera respondió a la preocupación de la Asociación Bullaque Vivo sobre el impacto en el río Bullaque. Gómez recordó que la evaluación ambiental de este proyecto se realizó antes de la moratoria y, según los datos actuales, cumple con todos los requisitos establecidos. Sin embargo, destacó que si se identifican problemas una vez iniciada la construcción, la Consejería tomaría las medidas necesarias para suspender la autorización.

La consejera también aseguró que la competencia para pronunciarse sobre estos proyectos corresponde a los municipios, según una modificación reciente de la Ley de Evaluación Ambiental que refuerza su papel en el proceso. De esta manera, se garantiza que cualquier propuesta se someta a una evaluación ambiental rigurosa antes de su aprobación.

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