Castilla-La Mancha destina 14,2 millones de euros para apoyar explotaciones en ZEPAs y zonas de montaña

Toledo, 4 de marzo de 2026.- El Gobierno de Castilla-La Mancha anuncia convocatorias de pagos compensatorios en el marco de la Política Agraria Común

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado cuenta esta semana de dos convocatorias de pagos compensatorios enmarcadas en la Política Agraria Común 2023-2027, que suman cerca de 14,2 millones de euros para apoyar explotaciones en Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y zonas de montaña.

Esther Padilla, consejera Portavoz, ha asegurado que el objetivo de estas convocatorias es proteger la viabilidad económica de aquellas explotaciones agrarias que trabajan en condiciones más exigentes, ya sea por limitaciones ambientales o geográficas, de manera que se evite la pérdida de actividad y, con ella, el abandono rural.

En primer lugar, el Ejecutivo regional ha aprobado la convocatoria de pagos compensatorios vinculados a la Red Natura 2000, en concreto a las ZEPA de ambientes esteparios, con una inversión de 8,2 millones de euros. Estas zonas tienen como finalidad conservar especies de aves silvestres y los hábitats clave para su reproducción o migración.

Esta línea se dirige a agricultores y agricultoras que desarrollan su actividad en estas zonas de alto valor ambiental y que asumen limitaciones y obligaciones específicas para proteger su biodiversidad. La cuantía de la ayuda en 2026 será de 192,90 euros por hectárea y beneficiará a alrededor de 1.200 titulares de explotaciones agrarias situadas en estas zonas de especial protección.

Zonas de alta montaña

Por otro lado, el Gobierno regional ha convocado pagos compensatorios para explotaciones en zonas de montaña, por un importe superior a seis millones de euros. Estos territorios afrontan desventajas naturales como pendientes muy acusadas, altitud, climatología adversa o mayor fragmentación de las parcelas. La ayuda se sitúa en 66 euros por hectárea y se pretende alcanzar a unas 3.000 fincas.

La consejera ha concluido que Castilla-La Mancha trabaja por un modelo de desarrollo rural que proteja la biodiversidad y la naturaleza, al tiempo que impulsa una protección ambiental que tenga en cuenta la realidad económica del territorio.

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