El pasado 2 de abril de 2024, el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, anunció la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del Proyecto de Ley de Integridad Pública de la región. Esta nueva normativa tiene como objetivo reforzar los controles sobre los altos cargos de la Administración autonómica y posiciona a Castilla-La Mancha como referente en materia legislativa en transparencia.
Según Martínez Guijarro, la Ley de Integridad Pública complementa a las leyes de Transparencia y Participación, consolidando así una estructura jurídica sólida en la gestión de los asuntos públicos en la región. Entre los aspectos más relevantes de esta nueva normativa se encuentra una definición clara de lo que se considera alto cargo, abarcando a los miembros del Consejo de Gobierno, órganos directivos de apoyo, directores generales de entes públicos y personal directivo.
Además, la Ley establece nuevas obligaciones para los altos cargos, como la presentación de una declaración responsable al momento de asumir el cargo, certificando que no se encuentran en ninguna situación de incompatibilidad. También se incluye la obligación de presentar una declaración de patrimonio al inicio de la convocatoria electoral, con el fin de evitar incrementos irregulares de patrimonio durante el ejercicio del cargo.
En cuanto al conflicto de intereses, la normativa establece que los altos cargos deben abstenerse de participar en decisiones que puedan favorecer a empresas en las que tengan algún tipo de vinculación personal. Asimismo, se instaura la obligación de informar a la Oficina de Integridad sobre las relaciones laborales establecidas en los dos años posteriores al cese en el cargo público.
La Oficina de Integridad adquiere un papel fundamental como órgano de control y vigilancia en la aplicación de la Ley de Integridad Pública. Entre sus funciones se encuentra la gestión del Registro de Grupos de Interés, la custodia de declaraciones de adhesión al Código Ético de los altos cargos y la supervisión de la publicación de agendas de trabajo.
El Proyecto de Ley también contempla la habilitación de un Canal Externo de Información para recibir denuncias de posibles irregularidades, así como un régimen sancionador que va desde amonestaciones hasta el cese en el cargo público. Con la aprobación del Consejo de Gobierno, el Proyecto de Ley inicia su tramitación parlamentaria en las Cortes de Castilla-La Mancha, con la previsión de ser aprobada en el actual periodo de sesiones.
En resumen, la Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha refleja el compromiso del Gobierno regional con la transparencia, la ética y la integridad en la gestión pública, garantizando una adecuada rendición de cuentas y un ejercicio responsable de la función pública.
