El silencio administrativo dejará de ser un obstáculo en Castilla-La Mancha para empresas y ciudadanos que a diario realizan sus trámites con la Administración regional, convirtiéndose en una «garantía de derechos» en la comunidad autónoma. Este anuncio fue realizado por la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, durante la rueda de prensa semanal para informar sobre los asuntos adoptados por el Consejo de Gobierno, que ha aprobado la supresión de 80 trámites burocráticos en todas las consejerías, como parte del desarrollo de la Ley de Simplificación Administrativa.
Con esta nueva medida, el Ejecutivo autonómico introducirá el silencio administrativo positivo en medio centenar de trámites, de manera que si la Administración no responde en el plazo legal establecido, la solicitud se entenderá aprobada en beneficio del interesado. Padilla subrayó que “el silencio deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado para la ciudadanía”.
Además, el acuerdo contempla la sustitución de una treintena de trámites, que ya no requerirán autorización expresa y podrán ser realizados mediante declaraciones responsables o comunicaciones previas. Esto permitirá a ciudadanos y empresas iniciar determinadas actividades sin tener que esperar una autorización explícita, bastando con notificarlo a la Administración o certificar que se cumplen los requisitos a través de una declaración responsable, que será verificada posteriormente por la Junta de Comunidades.
Entre los procedimientos afectados se encuentran becas, autorizaciones ambientales, trámites relacionados con la agricultura y el desarrollo rural, registros y licencias económicas, así como la apertura de escuelas de música y danza, títulos habilitantes para el transporte y la adhesión a la red de hospederías, entre otros.
Después de esta aprobación, las consejerías tendrán un plazo máximo de nueve meses para adaptar la nueva regulación, aunque Padilla anticipó que los trabajos ya están avanzados y se prevé que se lleven a cabo en un plazo menor. La portavoz enfatizó que esta primera tanda de 80 procedimientos «no será la última», ya que el Gobierno continúa trabajando en otros procesos de mayor complejidad.
La simplificación en esta fase inicial afectará especialmente a las áreas de Hacienda, Agricultura y Desarrollo Sostenible. Según Padilla, la medida «no solo acorta plazos y elimina papeleo», sino que también busca evitar brechas sociales, ya que la burocracia más compleja tiende a dificultar el acceso para aquellos con menor conocimiento técnico o recursos para recurrir a gestorías.
“Cuando somos ágiles, generamos confianza”, concluyó Padilla, defendiendo que esta reforma persigue una Administración más cercana, accesible y útil para todos los ciudadanos y empresas de la región.
