El Gobierno de Castilla-La Mancha está considerando presentar un recurso legal en respuesta a la reciente autorización de un nuevo trasvase de agua desde el rio Tajo hacia la cuenca del Segura. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha hecho público el desacuerdo regional con respecto a la decisión tomada por el Ministerio de Transición Ecológica de trasvasar un total de 20 hectómetros cúbicos (hm3) durante el mes de noviembre.
Durante una conferencia de prensa centrada en los compromisos presupuestarios de su departamento, Gómez ha señalado que los embalses de cabecera del Tajo se encuentran en nivel 3 de alerta y, sin embargo, no se han realizado ajustes en la autorización del trasvase, situación que considera inapropiada y contraria a los procedimientos normales que se aplican en situaciones consideradas de normalidad, referidas como nivel 2.
La consejera ha criticado que se haya decidido dar luz verde a la máxima cantidad de agua permitida según las reglas de explotación vigentes, las cuales el Ejecutivo autonómico castellano-manchego no respalda. A esta queja se suma la propuesta de desembalse presentada por la Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Segura, que sugiere un desembalse de 277 hm3 para el año hidrológico 2023-2024, añadiendo así más leña al fuego en el debate sobre la gestión del agua en dichas cuencas.
El enfrentamiento entre el gobierno regional y las autoridades hidrográficas nacionales refleja la continua tensión en torno al uso y manejo de los recursos hídricos de España, un tema de creciente importancia ante las condiciones de sequía y escasez de agua que han afectado al país en los últimos años. La decisión de Castilla-La Mancha de recurrir el trasvase surge como un desafío directo a las políticas de agua del Gobierno central y enfatiza la necesidad de un diálogo y gestión más integrados de los recursos naturales.
