El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado este miércoles su firme solicitud para la implementación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. En una rueda de prensa, la portavoz del ejecutivo regional, Esther Padilla, ofreció la colaboración de la Junta al Gobierno central para avanzar en este proceso.
Padilla destacó la reciente decisión del Tribunal Supremo de rechazar un nuevo recurso interpuesto por Andalucía contra el Plan Hidrológico del Tajo, lo que, según ella, subraya la necesidad de actuar. «El Supremo ha desestimado diversos recursos, comenzando con el de la Comunidad Valenciana en junio del 2024, siguiendo con el de la Comunidad de Madrid en diciembre del mismo año, y ahora el de Andalucía. Todos los motivos de nulidad alegados han sido rechazados», explicó la portavoz.
En sus declaraciones, Padilla recordó que se cumplen casi dos años desde la aprobación del Plan Hidrológico, y que el Gobierno de España tenía como plazo hasta julio de 2023 para promulgar las nuevas reglas de explotación. En este sentido, advirtió que estas medidas deberían entrar en vigor en febrero de 2024. «No entendemos cómo los decretos del Gobierno que establecen plazos se incumplen. Las sentencias del Tribunal Supremo están reiteradas y avalan la necesidad de aprobar las nuevas reglas y establecer caudales ecológicos», argumentó.
La portavoz del Gobierno castellanomanchego aseguró que no existen motivos valiables para seguir postergando la aprobación de estas regulaciones, y recordó que, aunque el Gobierno había considerado necesario contar con informes técnicos para tomar decisiones, estos ya están disponibles. «De este retraso no es inocuo, ya que ha resultado en el trasvase de un volumen de agua que, bajo el nuevo régimen, probablemente no se habría podido realizar», afirmó Padilla.
Además, subrayó que la falta de acción sobre las reglas de explotación ha tenido incidencia en la definición de planes de sequía por parte de las confederaciones hidrográficas de Tajo, Segura y Júcar, que involucran el trasvase como una solución. En línea con la reciente resolución judicial en contra del recurso de Andalucía, la portavoz dejó claro que la Junta está dispuesta a colaborar con el Gobierno para poner en marcha las nuevas reglas de explotación y garantizar que se cumpla lo que estipula la ley.
