El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado la decisión judicial de desestimar el recurso presentado por la Comunidad Valenciana contra varias disposiciones del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero. Las disposiciones en cuestión conciernen a los planes de coordinación del trasvase por el acueducto Tajo-Segura y a la fijación de caudales ecológicos en la región.
El vicepresidente segundo del Gobierno regional, José Manuel Caballero, ha expresado su contento durante una conferencia de prensa, argumentando que la distribución actual del agua es de “sentido común” y criticando la dependencia del Levante español de un recurso hídrico que proviene de una región que requiere dicho agua para su propio uso.
Esta sentencia, de acuerdo con Caballero, reafirma la postura de Castilla-La Mancha tanto desde la perspectiva del sentido común como legalmente, enfatizando que la región tiene un derecho y preferencia en el uso de sus recursos hídricos. Además, ha subrayado la importancia de garantizar los caudales ecológicos en el Tajo, haciendo hincapié que es imperativo para el bienestar de las ciudades de Toledo y Talavera.
Caballero, asimismo, ha instado a sus homólogos en el Levante, así como a los agricultores de esa región, a considerar y adoptar métodos alternativos, como la desalinización, en lugar de recaer en el uso del trasvase. Añadió que esta conciencia y cambio de comportamiento sería beneficioso para todas las partes involucradas.
