El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado la firma de un nuevo convenio con el Estado para financiar la dependencia en 2026, dotado con 94,22 millones de euros que se reparten a partes iguales entre la Junta y la Administración central, 47,11 millones cada una. El acuerdo, correspondiente al llamado Nivel Acordado del Sistema de Atención a la Dependencia, beneficiará según la Junta a más de 83.000 personas de la región.
Las claves, en 20 segundos
- El convenio para 2026 asciende a 94,22 millones de euros, cofinanciados al 50% entre la Junta y el Estado: 14 millones más que el firmado para 2025 (80,3 millones).
- La consejera Portavoz, Esther Padilla, cifra en 692,2 millones de euros el gasto total que la región destina este año a la dependencia, incluyendo fondos propios.
- El mismo Consejo de Gobierno autorizó también 6,3 millones para un centro de atención a personas con discapacidad intelectual y autismo en Orgaz (Toledo), con 58 profesionales.
- Las Cortes recibieron además un proyecto de ley para reactivar la carrera profesional del personal estatutario del Sescam, que el Gobierno regional quiere aprobar antes de que acabe el año.
Lo que el Consejo de Gobierno ha aprobado esta semana es, en sentido estricto, la autorización para firmar el convenio, no un pago ya ejecutado: la Junta y el Ministerio de Infancia, Juventud y Familias (actual titular de las competencias de dependencia del Gobierno de España) todavía tienen que suscribir el documento. Según la consejera Portavoz, Esther Padilla, el acuerdo persigue tres objetivos: reducir las listas de espera agilizando los trámites mediante digitalización, mejorar la calidad de los servicios —entre ellos, la teleasistencia avanzada como derecho subjetivo— y reforzar la estabilidad laboral de un sector que, según la propia Junta, da empleo a más de 30.000 personas en la región, la mayoría con contrato indefinido.
Una partida que crece, pero que no resuelve la disputa con el Estado
La cifra de 94,22 millones confirma una tendencia de crecimiento sostenido de este convenio específico: el Nivel Acordado de 2025 se cerró en 80,3 millones de euros, frente a los 32 millones con los que arrancó en 2021, según los datos que la propia consejera de Bienestar Social facilitó hace un año. Aquel convenio de 2025 se presentó también como cofinanciado al 50%, igual que el de este año, pero la misma consejera denunció entonces que, en la práctica, la aportación real del Estado al conjunto del sistema de dependencia —que incluye otras partidas además de este convenio— se queda en el 26%, muy lejos del 50% legalmente previsto, y reclamó al Gobierno central 1.100 millones de euros que considera adeudados de ejercicios anteriores. La nota de esta semana no actualiza esa reclamación ni aclara si la disputa sigue abierta en los mismos términos, lo que conviene tener presente antes de dar por buena, sin más matices, la lectura de un reparto igualitario.
Tampoco hay en la nota oficial un desglose de en qué se traducen exactamente los 692,2 millones de euros que la consejera atribuye al conjunto del gasto regional en dependencia este año: una cifra que mezcla, previsiblemente, fondos propios de la Junta, este convenio y otras partidas, sin que se detalle el peso de cada una. Y conviene distinguir también entre lo autorizado esta semana —la firma del convenio— y lo efectivamente pagado, que dependerá de la ejecución presupuestaria a lo largo del año.
Un centro para discapacidad intelectual y autismo en Orgaz
En la misma reunión, el Consejo de Gobierno autorizó un gasto de 6,3 millones de euros para contratar el servicio de un centro de atención a personas con discapacidad intelectual y trastorno del espectro autista en Orgaz (Toledo), que contará con 58 profesionales y se pondrá en marcha en los próximos meses. Orgaz no es ajeno a los equipamientos regionales para discapacidad: la localidad toledana ya figuraba hace casi una década en los planes de la Junta para un Centro Regional del Autismo, lo que sitúa el nuevo recurso en la continuidad de una apuesta de la Administración regional por concentrar en este municipio servicios especializados en discapacidad y autismo.
Un proyecto de ley para la carrera profesional sanitaria
El Gobierno regional remitió además a las Cortes de Castilla-La Mancha un proyecto de ley para reactivar la carrera profesional y fidelizar al personal estatutario del Sescam, que según la Junta ha sido informado por el Consejo Consultivo sin modificaciones esenciales y que el Ejecutivo quiere ver aprobado antes de que termine 2026. Es un asunto con recorrido reciente en la región: en septiembre el Consejo de Gobierno ya autorizó un primer paso en esa misma dirección, y el pasado abril el PP llevó a las Cortes la exigencia de blindar el cumplimiento íntegro del acuerdo de recuperación de la carrera profesional firmado con los sindicatos, lo que da idea de que se trata de un compromiso aún pendiente de cerrar del todo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dinero destina el nuevo convenio de dependencia y quién lo paga?
94,22 millones de euros, cofinanciados a partes iguales entre la Junta de Comunidades y la Administración del Estado: 47,11 millones cada una, según la Junta.
¿Está ya firmado el convenio?
No. El Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana la firma, que aún tiene que formalizarse con el Estado.
¿Cuánto ha crecido este convenio en los últimos años?
Según los datos aportados por la propia Junta, pasó de 32 millones de euros en 2021 a 80,3 millones en 2025 y a 94,22 millones en 2026.
¿Qué otras decisiones tomó el Consejo de Gobierno sobre dependencia y sanidad?
Autorizó 6,3 millones de euros para un centro de atención a discapacidad intelectual y autismo en Orgaz (Toledo), y envió a las Cortes un proyecto de ley para reactivar la carrera profesional del personal estatutario del Sescam.
Fuente: Gobierno de Castilla-La Mancha.
