En una reciente intervención ante el Parlamento regional, la consejera de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, informó de la pérdida de 820 trabajadores autónomos en la región, equivalente a un retroceso del 0,5%. A pesar de este declive, Patricia Franco destacó la estabilidad del sector, respaldada por varios informes. Según la consejera, esta tendencia a la baja, que también afecta a otras comunidades, es consecuencia de una disminución en la necesidad de emprender debido a una mejora de la contratación en empresas.
La Comunidad Autónoma ha mostrado una fortaleza en el terreno laboral, con más de 18.000 nuevos afiliados en 2023, contrastando con la disminución experimentada en el colectivo de trabajadores autónomos. En comparación a Castilla y León, la disminución en Castilla-La Mancha ha sido menos acentuada, y Franco ha interpretado la situación regional como un signo positivo, ya que refleja que en Castilla-La Mancha «emprende quien realmente quiere» y no por falta de opciones laborales.
Desde 2015, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha distribuido más de 131 millones de euros en ayudas directas a los trabajadores autónomos, alcanzando a más de 58.000 beneficiarios. Patricia Franco puntualizó la diferencia con el periodo 2011-2015, donde se movilizaron 14,3 millones de euros en tres convocatorias de ayudas que llegaron a 4.800 autónomos de la región. Además, resaltó que solo en apoyo al inicio y consolidación de la actividad autónoma, se han destinado 45,85 millones de euros, cantidad que supera en tres veces lo proporcionado en la etapa previa.
La consejera anunció próximas ayudas y estrategias, incluyendo una convocatoria con 12,3 millones de euros para el segundo trimestre del año, así como el mantenimiento de diversas iniciativas para la conciliación, el relevo generacional, y el fomento de la primera contratación indefinida. Franco también mencionó la colaboración con entidades para fortalecer el emprendimiento y el apoyo al pequeño comercio, sector al cual se han destinado cerca de 4,5 millones de euros en ayudas, beneficiando a más de 1.000 comercios regionales.
En el debate parlamentario, otras fuerzas políticas han expresado sus preocupaciones y propuestas. El diputado de Vox Francisco José Cobo alertó sobre la pérdida de autónomos y el cierre de pequeñas y medianas empresas, así como el incremento de gastos en el sector. Itziar Asenjo, del PP, instó a medidas urgentes como la tarifa plana y la deflación del IRPF para incrementar la liquidez de los autónomos. Por su parte, desde el PSOE, María Paloma Sánchez enfatizó los datos de empleo positivos en la región, atribuyendo el mérito a la actividad empresarial.
Al concluir el debate, únicamente se aprobó la propuesta de resolución del PSOE, que enfatiza el compromiso gubernamental con la inversión pública y reconoce la Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo 2022-2025. Las propuestas de Vox y del PP no recibieron el respaldo necesario. La primera proponía medidas para mejorar la estabilidad económica y la calidad del empleo, incluyendo regulaciones sobre inmigración laboral; mientras que el PP solicitaba beneficios adicionales como la tarifa plana para nuevos autónomos, entre otras medidas de apoyo.
