Toledo, 26 de noviembre de 2025.- El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley que adapta el Estatuto regional de las personas consumidoras, vigente desde 2019, a la normativa estatal y europea, especialmente en lo relativo al régimen sancionador. Así lo ha anunciado la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha puesto en valor que se trata de un paso necesario para impulsar aún más la protección de las personas compradoras y usuarias en Castilla-La Mancha.

En los últimos años, la legislación básica estatal ha experimentado cambios importantes, sobre todo en relación con el régimen sancionador, de manera que dejó desajustada la regulación autonómica, ha relatado la portavoz del Gobierno regional. Para evitar contradicciones, la Comunidad Autónoma ha armonizado su legislación. Sin embargo, la consejera ha destacado que “lo verdaderamente importante es que esta reforma mejora la normativa autonómica, porque concreta situaciones que generan conflictos y que en las leyes generales en ocasiones quedan abiertas a interpretación”.

Padilla ha explicado que la regulación estatal utiliza expresiones como “falta de información suficiente” o “atención insuficiente”, conceptos que pueden dar lugar a dudas cuando se produce un conflicto. “¿Qué es información suficiente? ¿Cuándo se considera que una atención ha sido deficiente?”, se ha preguntado la portavoz, quien ha aclarado que con esta reforma se elimina esa subjetividad. Para ello, se detallan casos concretos como no entregar hojas de reclamaciones, no dar un presupuesto por escrito, retrasos injustificados en reparaciones, cancelaciones sin previo aviso o negativas a gestionar garantías. “Son situaciones que todas y todos conocemos, y recogerlas expresamente garantiza mayor protección y permite sancionar con rapidez”, ha afirmado.

Otro de los avances destacados es el refuerzo de los criterios sancionadores ante abusos graves, ha continuado Padilla. La norma define con mayor claridad cuándo una infracción es grave o muy grave. “Incluimos ejemplos claros, como cortes injustificados de agua o luz, incluso subidas abusivas de precios en situaciones de emergencia. Lo hacemos más detalladamente que la normativa estatal o europea porque entendemos que la seguridad jurídica exige precisión”, ha subrayado la portavoz.

La modificación mantiene, además, las sanciones accesorias, como el cierre temporal de establecimientos, la suspensión de actividad o la imposibilidad de acceder a ayudas públicas en casos de reincidencia, ha enumerado Padilla, quien ha subrayado su eficacia frente a comportamientos abusivos. “Son medidas que ayudan a prevenir prácticas perjudiciales para la ciudadanía, aunque no siempre exista esa concreción a nivel estatal”, ha añadido.

La reforma incorpora también un bloque de mejoras orientadas a reforzar la seguridad jurídica, mediante la eliminación de ambigüedades y la definición precisa de los conceptos que determinan cuándo existe una infracción. “Es importante destacar que ahora queda claramente definido qué es una infracción y qué sanción corresponde, lo que evita dudas en los tribunales y redunda en la protección de las personas consumidoras”, ha indicado.

En conjunto, la modificación consolida un marco autonómico más claro y más útil. “Hemos actualizado el manual de instrucciones de los derechos de las personas consumidoras para que sea más concreto, más eficaz y funcione mejor. Queremos una Administración que proteja y que elimine lagunas y contradicciones”, ha concluido Esther Padilla.