Este jueves, el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha dado luz verde al proyecto de Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha, tras obtener la mayoría de votos a favor por parte de PSOE y PP, mientras que Vox ha mostrado su rechazo a la normativa.
El propósito de la ley, como lo han delineado sus promotores con el liderazgo del Gobierno de Castilla-La Mancha, es fortalecer la integridad en la gestión de la Junta y sus entidades dependientes, poniendo énfasis en la transparencia como un mecanismo vital para la prevención de la corrupción en la administración regional.
No obstante, el grupo parlamentario de Vox se opone decisivamente a la nueva ley, alegando que ciertas enmiendas introducidas por los partidos mayoritarios fomentan lo que han llamado una «paguita dorada» destinada a políticos y altos cargos luego de que cesen sus actividades, dejando a un lado las rectificaciones propuestas por la formación derechista.
La sesión ha contado con la participación del vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, quien ha reafirmado el compromiso de la Junta con la política de integridad y ha destacado que Castilla-La Mancha ha sido pionera en esta regulación desde 1983. Guijarro indica que esta ley viene a consolidar una estructura jurídica destinada a combatir la corrupción política, acorde con el alto nivel de exigencia de la sociedad actual.
La ley contempla medidas como nuevas responsabilidades de declaración para altos cargos, la exposición de patrimonio en paralelo a los procesos electorales, la regulación transparente de los conflictos de intereses a través de la Oficina de Integridad y la creación de un Canal Externo de Información manejado por el Consejo de Transparencia. Además, define un rango de sanciones que contempla desde la amonestación hasta el cese del funcionario público.
Como ponente, la diputada socialista Isabel Abengózar, ha descrito la ley como un instrumento clave para la mejora de la calidad democrática y la alineación de la normativa de Castilla-La Mancha con los recientes códigos de conducta y el espíritu de la sociedad contemporánea.
Por otro lado, el diputado de Vox Luis Blázquez ha criticado la ley argumentando que esconde intenciones «perversas y oscuras», enfocándose particularmente en lo que considera el establecimiento de pagos irregulares para ciertos políticos que podrían significar un coste de más de 20 millones de euros para las arcas de la región.
En respuesta a estas afirmaciones, tanto Abengózar como Martínez Guijarro han repudiado lo que perciben como acciones «disparatadas y demagógicas» por parte de Vox, afirmando que lo que la nueva ley estatuye no es más que una prestación por desempleo, al alcance de cualquier ciudadano, no un beneficio privilegiado.
Desde el Partido Popular, la diputada Tania Andicoberry ha reprochado la «demagogia» y «falta de coherencia» de Vox, expresando su respaldo hacia una normativa que tiene como uno de sus objetivos primordiales la integridad política y la transparencia. El PP reitera su esfuerzo por proteger los derechos de los ciudadanos y aquellos que se dedican a la vida política.
La adopción de esta ley representa un paso adelante en términos de transparencia y de imagen pública de la política, enfatizando el interés en dignificar la labor de los gestores públicos y en promover la lucha contra el fraude y la corrupción, todo ello bajo un espíritu de acuerdo y visión a largo plazo de las Cortes de Castilla-La Mancha.
